El 2019 puede que sea el año recordado por la vuelta del kirchnerismo al poder, cuando muchos lo daban por extinguido tras su estruendosa derrota en el 2015; también puede que se lo recuerde porque fue el año en el que un gobierno de origen no peronista terminó su mandato constitucional, en tiempo y forma, tras más de 90 años sin que eso sucediese, y por muchas razones más. La historia puede que diga, además, que fue el año en el cual más de 13 mil personas se quedaron sin trabajo en la provincia en medio de una crisis muy aguda concentrada, casi en exclusividad, en los asuntos económicos. En efecto, el sistema de estadísticas oficial acaba de anunciar que la desocupación en Mendoza ha trepado a 8,6 por ciento, casi 2 puntos más que la última medición, y que las personas sin empleo ascienden a más de 42.000.

Está claro que la nueva administración radical, que tiene a Rodolfo Suarez como su máximo responsable, ha puesto sus prioridades en los problemas sociales. La anterior, como se sabe, la que condujo Alfredo Cornejo, se había concentrado en la recuperación del orden del Estado y en la de sus cuentas. La pobreza, el hambre, el desempleo aparecieron con crudeza en la agenda hacia el fin de la década luego de más de ocho años de falta de crecimiento real, genuino y concreto en el país. La posterior recesión hizo el resto del trabajo con la caída estrepitosa y, por demás vergonzosa, de los índices de características, claro está, económicas y sociales.

En medio de tanta desolación llegó el cambio de gobierno y de color político a nivel nacional y, con él, la renovación de las expectativas y esperanzas, como es natural que suceda, tanto de los que apoyaron como de los que no a la nueva administración. Desde luego que aquí no cuentan los extremos de la grieta o fractura social que ha caracterizado a Argentina en los últimos años, precisamente, los mismos años en los cuales se agudizó la debacle económica. Para quienes habitan los extremos de la grieta, la ceguera que padecen les impide ver si existen posibilidades reales de alimentar una real esperanza de que el país encuentre un buen rumbo definitivamente.

El nuevo gobierno en Mendoza se ha impuesto activar la economía, ponerla en movimiento, con la ayuda nacional o sin ella. La historia dice que cuando al país en términos generales le ha ido bien, a la provincia le ha ido mucho mejor. La apuesta es, entonces, por que se encuentre de forma sensata el camino junto con la gestión de Alberto Fernández.

Desde ese objetivo hay que entender, a su vez, los gestos políticos de Suarez de las últimas horas: el consentimiento a la firma de un nuevo pacto fiscal, aunque para Mendoza eso signifique frenar por un año la disminución impositiva que se ha venido dando en Ingresos Brutos y Sellos, y el pedido vía Twitter para que la oposición se siente a dar quórum en la sesión de hoy en Diputados y se pueda habilitar el debate sobre el proyecto ómnibus de las emergencias que envió el Poder Ejecutivo nacional, aunque ese tuit haya tenido implícitas, es cierto, algunas vaguedades y contradicciones.

A cambio de todo eso y, quizás, mucho más, veamos hacia delante. Suarez se esperanza en contar con el presidente Fernández como aliado para llevar adelante en la provincia una serie de medidas que movilicen la actividad económica. En el horizonte aparece un pedido especial para que YPF tenga más presentes en sus inversiones los pozos que administra en la Vaca Muerta de Malargüe para que se ocupe de aumentar, además de la producción, particularmente la exploración, y, desde ya, que un apoyo político, estratégico, económico y logístico para que Mendoza comience a hacer virar su matriz productiva hacia el escenario minero. En ese contexto hay que comprender lo que ha comenzado a ocurrir con los acuerdos que se están efectivizando entre oficialismo y oposición en el ámbito de la Legislatura, como ha sucedido ayer con los avances para modificar la Ley Antiminera, la 7.722.

Con ese fin por delante, el del acuerdo y el del mayor consenso posible para modificar la ley, el oficialismo aceptó incluir en el proyecto de reforma los cuatro puntos centrales que el peronismo estaba solicitando: control ambiental, cuidado extremo del agua, el compre mendocino para las futuras empresas mineras que se asienten en la provincia y la licencia social en los territorios donde se exploten los recursos.

Si los números de la cámara minera fueran ciertos o, al menos se acercaran mínimamente a la realidad, la actividad minera en toda su magnitud no resolvería la totalidad de los problemas económicos de la provincia, aunque, claro está, ayudaría. La cámara sostiene que en cinco años, con cuatro proyectos mineros en funcionamiento, se crearían entre 20.000 y 30.000 nuevos empleos en Mendoza, entre directos e indirectos, particularmente durante el proceso de construcción de los yacimientos, y se aportarían un poco más de 1.200 millones de dólares al PBG provincial. El oficialismo y la oposición, al menos en Mendoza, parecen encaminados, en esta nueva etapa institucional que se ha iniciado, hacia un rumbo con más certezas que incertidumbres y con más garantías sobre las buenas expectativas. No es poco.