Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo advierte que el número de muertes directamente atribuibles a la pandemia en América Latina y el Caribe podría legar a 3,2 millones de personas.
El análisis del organismo internacional hace hincapié en las condiciones estructurales de los países de Sudamérica y lo conjuga con los riesgos que puede generar en los países pobres, una rápida salida de la cuarentena, en la que puede extenderse rápidamente la infección.
“Todos los estudios epidemiológicos señalan que con las tasas de infección y mortalidad actuales, una medida menos rigurosa que el confinamiento estricto provocaría la rápida propagación del virus y podría resultar en una oleada de muertos sin precedentes”, avisa este análisis.
Además el organismo da una serie de recomendaciones que incluye una serie de recomendaciones, como la reanudación paulatina de las actividades económicas y la provisión de insumos para la emergencia sanitaria.
Los ejes de la política de emergencia del COVID-19
1) Salvar vidas
2) Proteger a las personas con menor capacidad de sobrellevar una caída de ingresos
3) Compensar a los trabajadores y empresas más afectados por la contracción económica
4) Reducir los riesgos económicos sistémicos y los efectos económicos a largo plazo
Situación fiscal
Un salto en la deuda pública hace que el panorama para enfrentar la pandemia sea más desalentador que en los países avanzados.
Mientras en 2008 la región tenía un déficit promedio de 0,3%, ahora el rojo es diez veces mayor: 3% del PBI. En tanto, la deuda pública promedio era de 40% en 2008 y fue del 62% en 2019.
Los mejores posicionados, además, de Chile, incluye a Guatemala, Paraguay y Perú. En una situación bastante más débil están Argentina y Brasil y en particular Venezuela.
Con escasos recursos y pocas posibilidades de acceder al crédito, el BID recomienda que los países diseñen políticas de gastos “temporales”, más de apoyo a la liquidez que de gasto y reasignar partidas “para contener el gasto agregado” teniendo en cuenta su eficiencia y buscando compensar en lo posible los aumentos de erogaciones a raíz de la pandemia.
Curvas de contagio y mortalidad
En Argentina el aislamiento social obligatorio se dio en forma más temprana, que en otros países de América Latina, como Chile y Brasil, lo que permitió disminuir la curva de los contagios.
También el sistema sanitario contaría con una buena proporción de médicos, aunque los insumos sanitarios escasean.
No obstante, según el análisis del BID, estos elementos son centrales para una respuesta agresiva al avance del virus.
El estudio reconoce que el “confinamiento estricto” no es factible por mucho tiempo y menos aún en barrios marginales, áreas rurales o “cuando la población vulnerable recurre a bancos o entidades del Estado para recoger la asistencia”, casi una fotografía de lo que ocurrió en la Argentina el viernes 3 de abril, con cerca de un millón de jubilados y receptores de planes sociales agolpándose frente a las sucursales bancarias.
Estos sectores sociales carecen de otros medios de subsistencia, por lo que es un riesgo no asistirlos de manera directa y con estrategias acordes a su realidad.
Amortiguar la crisis económica
Como recomendaciones finales, el BID llama a:
1) Dar un piso mínimo de ingreso a todos los hogares
2) Preparar respuestas fiscales, financieras y monetarias para proteger a trabajadores y empresas y minimizar posibles efectos sistémicos.
Para objetivos generales, aconseja que los gobiernos usen “instrumentos ya existentes” y se limiten a diseñar nuevos programas sólo para “objetivos focalizados”.
Reestructuración de la deuda
El BID recomienda “tres acciones concretas” a los organismos multilaterales, lo que engloba a sí misma y entes como el FMI y el Banco Mundial:
1) Postergar vencimientos y restructurar operaciones en curso, para derivar recursos a la crisis sanitaria
2) Priorizar a los países más pobres o con mayores restricciones fiscales y menor acceso al crédito
3) Proveer asistencia técnica y redes de apoyo, en particular en la elaboración de planes de acción y en su secuenciamiento y el uso de programas transversales como el uso de big data e inteligencia artificial para facilitar objetivos como el seguimiento de contactos, la identificación de hogares pobres y vulnerables y la focalización de recursos.