El 21 de abril, alrededor de 54.600 millones de pesos comenzarán a ser repartidos en todo el país y las destinatarias serán más de 5,4 millones de personas que al día de hoy, en medio de la pandemia del coronavirus y por su causa, dejaron de percibir los pocos ingresos que reunían por día para sobrevivir con su familia a cargo. Es una de las respuestas de emergencia que asumió el Estado nacional para asistirlas y darles un alivio por las consecuencias de la crisis.

La ayuda se llama IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, y los primeros en cobrarla resultaron ser los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las beneficiarias de la asignación por embarazo para la protección social, que suman un poco más de 2,9 millones de personas, con lo que el dinero asignado superó los 29.000 millones de pesos. En su conjunto, sólo por el IFE, ese día se habrán volcado más de 78.000 millones de pesos en este subsidio único que se compone de 10.000 pesos para cada beneficiario.

Dicho esto, ha extrañado en ciertos círculos de análisis que en Mendoza sean casi 312.000 los beneficiarios del IFE, lo que significa que, aproximadamente, 16,5 por ciento del total de su población se encuentra en una situación desesperante por la economía en decadencia, por la recesión de varios años que se padece y por el parate total de la mayoría de las actividades que se produjo del 20 de marzo en adelante, cuando en el país se decretó la cuarentena o el encierro obligatorio. Los números y lo que reflejan constituyen una catástrofe en sí misma, o bien una de las caras de la catástrofe. Se justifican si se toma en cuenta que, de un total de 600.000 pymes, la mitad, mínimo, se inmovilizó absolutamente desde el día en que entramos en cuarentena, y cerca de 80 por ciento de las que quedaron en pie tuvieron serios problemas para pagar los sueldos de marzo de sus empleados. De continuar todo como está durante el mes de abril, como nada indica lo contrario, todas tendrán que apelar a algún tipo de asistencia para el pago de los haberes. Claro que, para esa fecha, fin de mes, muchas habrán quedado en el camino. Será un número que sabremos más adelante.

Mendoza no es más que el reflejo de lo que ocurre en el resto del país. Ocupa el séptimo lugar en el concierto nacional en el reparto de este subsidio único. De aquellos 7,8 millones de personas –todas cabezas de familia o al frente de un hogar–, 2,8 millones son de Buenos Aires; 651.000, de Córdoba; 600.000, de Santa Fe; 359.000 pertenecen a Tucumán; 322.000, a Salta; 319.000, a Chaco y luego aparece Mendoza con, exactamente, 311.940 beneficiarios. Con 42 por ciento de su población sobreviviendo en condiciones de pobreza, de acuerdo con el último dato relevado oficialmente por la Provincia y que corresponde al último semestre del 2019 sin pandemia de coronavirus a la vista, que más de 16 por ciento esté incluida necesariamente en el beneficio no debería extrañar mucho.

Pero la situación es decididamente mucho peor si se analizan las condiciones o requisitos necesarios para acceder a los 10.000 pesos. En primer lugar, haberse quedado sin ingreso alguno y que sean trabajadores informales (en negro). También les corresponde a las trabajadoras o trabajadores de casas particulares, estén registrados o no; a los monotributistas sociales y a los monotributistas de las categorías más bajas, es decir la A y la B. Y, en cambio, se quedan fuera los trabajadores en relación de dependencia, aquellos ciudadanos que cobran el seguro por desempleo, los monotributistas que no sean de las categorías Ay B, los jubilados y pensionados y todos aquellos que sean beneficiarios de los planes sociales considerados incompatibles del ámbito nacional, como los que pueden existir en las provincias y en los municipios.

Los recursos del Estado destinados al área social pueden parecer exageradamente descomunales. Por caso, a Mendoza llegarán más de 3.000 millones de pesos de aquellos 78.000 del IFE, que recibirán los 312.000 mendocinos que se quedaron sin nada. Sin embargo, en términos comparativos y en una escala general, si Argentina distribuirá alrededor de 1.500 millones de dólares bajo diversas formas como subsidios, aporte de diversa índole y créditos blandos, parecen ser bastante menos que algunos países de la región. Chile, por caso, lleva distribuidos 18.000 millones de dólares; Perú, alrededor de 10.000 millones y Brasil, del inclasificable Jair Bolsonaro, unos 40.000 millones de dólares a lo largo de todo el 2020 y para cualquier destino, de acuerdo con datos que fueron publicados ayer por el diario La Nación.