¿Cómo van a enviar un pliego de una candidata que no está cumpliendo con los requisitos para ser ministra de la Corte? ¿Se equivocaron feo? ¿Fue una torpeza, una provocación, alardeando de la mayoría que tienen en el Senado? ¿Creen que podrán defender su designación si el caso llega a la Corte nacional? Las preguntas se hicieron a repetición, una tras de otra, luego de que por segundo día consecutivo el constitucionalista y ex miembro del más alto tribunal de Justicia Alejandro Pérez Hualde, hiciera otro raid por los medios respondiendo con un no rotundo y seco a la pregunta si la nominada al cargo vacante de Jorge Nanclares, Ana Teresa Day, la actual coordinadora del Ministerio Público Fiscal, cumple con los requisitos del artículo 152 de la Constitución, el que ordena y manda que para integrar la Corte se debe haber ejercido por diez años la abogacía o haber cumplido ocho años como magistrada. Quien escuchó, un jurista cercano al entorno de Suarez, lo hizo con paciencia y también con algo de suficiencia, para luego responder: “Claro que cumple los requisitos. Están escritos en el artículo 143 de la Constitución”.

Está claro que en el Ejecutivo seguirán adelante y defenderán hasta las últimas instancias la postulación de Day a la Corte, cuyo pliego irá al Senado buscando ser aprobado (el oficialismo cuenta en teoría con los votos suficientes) para ocupar el lugar que dejará vacante Jorge Nanclares, el actual presidente del tribunal, quien anunció su retiro en el comienzo de semana para acogerse a los beneficios de la jubilación. Day es abogada y hace más de 30 que se desempeña en la Justicia mendocina. Nunca ejerció la profesión en la actividad privada, no litigó y tampoco ha alcanzado la categoría de magistrada, sino que ha sido equiparada a las funciones y remuneraciones de los magistrados por ley. Pérez Hualde, un radical histórico, aunque crítico de la conducción partidaria y del último gobierno que encabezara Alfredo Cornejo, fue enfático y el primero en advertir que Day no cumple con los requisitos constitucionales y de quien se han tomado algunos de los argumentos que ha comenzado a esgrimir la oposición para debilitar y mellar la nominación de la actual coordinadora del trabajo de los fiscales de la Justicia mendocina.

En el Gobierno aducen que, más que cuestiones técnicas, son políticas las motivaciones que han llevado a Pérez Hualde y otros a dinamitar la postulación de Day. Y se remiten a un viejo enfrentamiento del constitucionalista con Cornejo surgido en el inicio de la gobernación del actual diputado nacional, en diciembre del 2015. Junto con eso, defienden y ratifican que el nombre de Day surgió de una decisión exclusiva del propio Suarez luego de que estuvieran bajo análisis otros nombres junto con el de Day. Se trata de los de Silvina Furlotti, actual camarista civil, del de la constitucionalista y jueza Gabriela Abalos y del de la jueza laboral Norma Llatser.

La renuncia de Nanclares se conoció oficialmente el lunes. Sin embargo, Suarez conocía de antemano –se supone que desde el fin de semana– que quien preside la Corte se alejaría del cargo, desgastado y debilitado por los últimos cuestionamientos que lo tuvieron en el centro de la escena por el caso de los equiparados a magistrados del Poder Judicial y los nombramientos a dedo que se fueron sucediendo a su alrededor. También se señala que, como tantos otros conocedores de la mecánica y de los movimientos políticos de la Corte, Pérez Hualde también estaba anoticiado de la renuncia de Nanclares y se lo sindica como uno de los que intentó persuadir a Suarez para que se impulsara a la constitucionalista Abalos. En el Gobierno creen que el ex ministro de la Corte pretende dejar fuera de juego a Day porque entiende que, si la abogada llega al tribunal, también lo hará el poder absoluto de Cornejo, quien pasaría a dominar el órgano más sensible del Poder Judicial de la provincia.

A poco de asumir Cornejo, en diciembre del 2015, la Corte le dio vía libre a un hábeas corpus colectivo que presentó la ONG Xumek por el cual reclamaba que se les pusiera un límite y freno a las prisiones preventivas en la provincia. Aquel amparo, resuelto favorablemente, colocaba a cientos de presos al borde de la libertad y a un Cornejo fuera de sí. Uno de los ideólogos de aquel fallo resultó ser el ministro Omar Palermo, acompañado por Pérez Hualde. Desde ahí que entre el constitucionalista y Cornejo siempre existieron sospechas y recelos mutuos. Incluso, se cuenta que, durante una reunión entre ambos, Cornejo le pidió a Pérez Hualde que le avisara con anticipación cuándo dejaría el cargo, que le adelantara el momento de presentar la renuncia que Pérez Hualde había anunciado, aduciendo que evitaría quedarse para siempre en el tribunal y que se dedicaría a la docencia. La anécdota, reconstruida por estos días, incluye en esas charlas cargadas de tensión el nombre de la jurista Gabriela Abalos, supuestamente impulsada y apoyada por Pérez Hualde, quien se iría finalmente en el 2018 dejando un lugar vacante que cubriría Dalmiro Garay, el por entonces ministro de Gobierno de Cornejo.

Lo curioso de todo es que Pérez Hualde había llegado a la Corte hacia fines del 2004, cuando estaba dejando el poder el también radical Roberto Iglesias. Pero el gobernador Iglesias, el Mula, tenía como candidato a Leopoldo Orquín, quien había sido su ministro de Seguridad durante los cuatro años de gobierno. El otro hombre fuerte por entonces del radicalismo, Julio Cobos, ya gobernador electo, prefería otro hombre y candidato, no a Orquín. Cobos contaba con un operador que haría el trabajo por él: era Alfredo Cornejo, quien en las sombras y no tanto, lograría reunir las adhesiones a favor de Pérez Hualde, el jurista que su gobernador, líder y jefe, Cobos, necesitaba en el más alto tribunal.

“Nunca más vamos a cometer ese error como en aquel momento entre Iglesias y Cobos, de enfrentar a dos gobernadores por un miembro de la Corte o por cualquier otra cosa. En esta oportunidad la candidata de Cornejo no fue Day, como cree Pérez Hualde, sino Llatser; pero se impuso la que quería el Rodi”, confió una fuente de palacio que pidió reserva absoluta.