A mediados de 2018, la detención de un experimentado subcomisario de la Policía de Mendoza provocó malestar en la fuerza. Se trataba de Marcos Osvaldo Rojas, quien para ese entonces era titular de la Comisaría 63ª de Costa de Araujo, en Lavalle. El efectivo fue capturado junto a su hijo cuando, desde Chile, intentaban ingresar a la provincia con un cargamento de gafas sin declarar. 

Días atrás, dos años y un día después del operativo que desembocó en su captura, la Justicia federal lo condenó junto a su hijo y otros seis integrantes de la organización tras admitir la autoría en los delitos que se les acusaban durante un juicio abreviado. La sentencia, acordada entre la fiscal Gloria André y los defensores, estuvo homologada por el juez Roberto Julio Naciff.

El policía, que cumplirá este miércoles 52 años y se encuentra alojado en el penal de San Felipe, recibió una pena cuatro años de prisión por importar mercadería de contrabando con los agravantes de la intervención de tres o más personas, por participar en el hecho un integrante de las fuerzas de seguridad y por superar el cargamento el valor de 3 millones de pesos. 

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Por la misma calificación fueron sentenciados el hijo del subcomisario, Marcelo Darío Rojas (27), Alejandro Sebastián Carrazco (33), Roberto Fabian Ángel (50), Matías Manuel Carrasco (35) y Máximo Oscar Quiñones. Los tres primeros recibieron penas de cuatro años, mientras que los dos restantes de 2 años y seis meses en suspenso.

Por su parte, quien se llevó la peor parte fue César Nicolás Espeche (36). El hombre se encontraba con domiciliaria, pero fue condenado no solo por la importación de la mercadería, sino también por ocultarla de los controles aduaneros, bajo los mismos agravantes que el resto de sus cómplices, razón por la que recibió una pena de cinco años y ocho meses de cárcel.

Por último, a Juan Carlos Castellazzo (75) le dieron ocho meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento del contrabando. 

La investigación

En febrero de 2018, detectives de Lucha Contra el Narcotráfico junto a la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) trabajaron el dato de que por esos días un cargamento ilegal que iba a ser traído desde Chile. En colaboración con personal de Afip-Aduana, lograron atrapar a dos sujetos que traían mercadería sin declarar.

Ese procedimiento sirvió como puntapié inicial para profundizar la investigación, de la cual surgió que los dos detenidos eran parte de una organización que contrabandeaba productos oftalmológicos de manera sistemática.

El destino de los artículos, eran distintas ópticas del Gran Mendoza, que los adquirían a un precio módico. Varios de esos locales terminaron siendo allanados con posterioridad.

Continuando con las averiguaciones, los sabuesos tomaron conocimiento sobre un nuevo movimiento de la banda: el 29 de febrero tenían pensado ingresar un cargamento a través de un Chevrolet Corsa que era custodiado por otros tres vehículos, que tenían la tarea de “limpiar” el camino. 

Los pesquisas viajaron hasta el vecino país y siguieron con sigilo a los sospechosos. Esperaron a que cruzaran el paso fronterizo Los Libertadores para frenarles el paso en Uspallata, donde verificaron que los rodados estaban cargados con miles de piezas oftalmológicas por un valor de $ 3.200.000.

Entre los cinco ocupantes de los vehículos se encontraba Marcelo Darío Rojas. El subcomisario tomó conocimiento en poco tiempo sobre la aprehensión de su hijo y se dirigió con celeridad hasta el lugar donde se realizaba el operativo.

El subcomisario llegó uniformado e intentó mediar la situación con sus pares, con el objetivo de hacer zafar a su hijo. Sin embargo, se vio sorprendido cuando sus colegas le comunicaron que estaba sindicado como partícipe de las maniobras ilegales y debía ser aprehendido. 

Días después, en una serie de allanamientos en ópticas y domicilios particulares se secuestraron cuatro vehículos de alta gama vinculados a la organización: una camioneta SW4, una Amarok, un Peugeot 207 y un Fiesta Kinetic, que se sumaron a un Chevrolet Astra, un Corsa y un Nissan, incautados en el procedimiento en alta montaña.

También se sumaron más productos de oftalmología, mayormente gafas, que completaron el anterior secuestro formando un total de 26.000 artículos, valuados en ese momento en unos 5.500.000 pesos.

Situación administrativa

Tras la sentencia, el subcomisario Rojas quedó complicado en el expediente administrativo que inició la Inspección General de Seguridad (IGS) y lo más probable es que sea exonerado de la fuerza, explicaron fuentes consultadas.

Anteriormente, Rojas ya había tenido problemas internos en la Policía. En 2017, estuvo en la mira tras denunciar que le robaron el arma reglamentaria en Lavalle, pistola que luego fue incautada en un allanamiento en una casa ubicada frente a la Subcomisaría Campos de Pedro Molina, a donde prestaba servicios en ese momento, revelaron fuentes policiales. 

Rojas acumulaba una amplia trayectoria en la Policía de Mendoza, en la que prestó servicios en la Vial, las Unidades Investigativas Departamentales de Las Heras y Guaymallén y también en la División de Búsqueda de Personas.