La Justicia provincial hizo lugar parcialmente este lunes al habeas corpus presentado por la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek, en la solicitaron una ampliación de derechos a los presos ante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En el fallo del juez Sebastián Sarmiento, del Juzgado penal Colegiado Nº1, se ordenó al Servicio Penitenciario de Mendoza a seguir una serie de disposiciones para asegurar el bienestar de los internos frente al contexto que enfrenta el país y la provincia por la circulación de la enfermedad. 

Entre las mismas, se volvió a hacer hincapié en otorgar lo antes posible la prisión domiciliaria a los presos que se encuentren en los grupos de riesgo, es decir, mayores de 65 años o que padezcan ciertas padecimientos médicos.

Esto ya había sido exigido previamente mediante resoluciones federales y provinciales. Incluso, ya se le había otorgado el beneficio a internos que cumplían con las condiciones establecidas.

Lo cierto es que ahora, el juez Sarmiento ordenó al Servicio Penitenciario que, en un plazo de siete días, elabore los informes correspondientes –médicos, sociales y psicológicos– para que las autoridades puedan resolver de manera efectiva las solicitudes de los defensores.

En los penales de la provincia, existen alrededor de 400 personas que se encuentran en los grupo de riesgo frente al coronavirus. 

Por su parte, se solicitó que mientras se definen las solicitudes de prisión domiciliaria, se dispongan lugares de alojamiento transitorio y aislamiento para los internos mencionados anteriormente, intensificando los mecanismos de control sanitario. 

El magistrado también exhortó al Servicio Penitenciario a que se restrinjan las actividades no esenciales, a fin de evitar, tanto como sea posible el contacto personal entre los reos.

Otra de las medidas dispuestas es que se elabore un sistema de entrega periódica de elementos de higiene y limpieza, así como también se desinfecten los lugares de alojamiento carcelario.

Por último, Sarmiento autorizó el uso transitorio de teléfonos celulares en los penales provinciales, con el objetivo de que los presos no pierdan contacto con sus familiares, ante la cancelación de las visitas.

El magistrado se apoyó en un fallo del Juzgado de Ejecución Penal de Mar del Plata, que permitió el uso de telefonía móvil en ciertas unidades penales de esa localidad bonaerense. 

La decisión también estuvo fundamentada ante los escasos teléfonos fijos que existen en el interior de los complejos, de los cuales se desconoce si todos se encuentran en perfecto funcionamiento.

No obstante, indicó que será tarea de las autoridades reglamentar el uso de los aparatos.