La mayoría de los empleados públicos cobró este fin de semana un ajuste cercano al 7% de sus salarios, correspondiente a una diferencia que, según indicaron algunos gremios y trabajadores, el Gobierno tardó más de la cuenta en depositar.

El conflicto surgió a partir del pago del salario de diciembre de 2019, último mes que incluyó la cláusula gatillo (actualización automática de sueldos siguiendo el ritmo de la inflación), y de un proporcional del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC).

Ambos ítems se liquidaron a fines de diciembre pero como el dato de la inflación del último mes del año pasado se conoció a mediados de enero, el Gobierno estaba obligado a pagar esa diferencia por planilla suplementaria. Algo que recién efectivizó este sábado 29 de febrero.

A mediados de la semana pasada, los estatales pudieron acceder a sus bonos de sueldo y observaron que el 19 de febrero el Gobierno había emitido un recibo blanqueando el pago de ambos ajustes (salario y SAC), pero ese dinero no había ingresado a sus cuentas bancarias. Según empleados de distintas dependencias públicas esa situación es “irregular e ilegal” ya que se trata de una retención indebida de haberes, lo que podría haber generado una catarata de denuncias contra el Ejecutivo.

Las quejas se multiplicaron en diferentes organismos y obligó a dar explicaciones. Por ejemplo, el viernes pasado a primera hora circuló por las casillas de correos electrónicos de algunos empleados judiciales el siguiente mensaje: “Liquidación de Haberes informa que si bien existen dos liquidaciones para el mes de febrero de 2020, la que corresponde a Recibo de Sueldo 88 (diferencia por cláusula gatillo del mes de diciembre de 2019) no ha sido pagada aún, según lo informado por Tesorería General de la Provincia. Sólo se encuentra depositada la que corresponde a Recibo de Sueldo 87”.

En otras palabras, estaba el bono de sueldo pero no el dinero correspondiente al ajuste salarial. Si bien la inquietud se frenó este sábado, con la acreditación del monto adeudado, quedó al descubierto el malestar de un grupo de trabajadores con el Gobierno y los gremios de su sector por lo que consideran fue una reacción lenta ante la irregularidad.

“Hubo gente a la que le descontaron Ganancias por un ajuste que todavía no cobraba”, aseguró un empleado que siguió de cerca la evolución del reclamo. “Eso es un delito por retención indebida de haberes. Por eso se apuraron y pagaron el sábado, antes de que los denuncien”, agregó el informante, quien se mostró sorprendido por el presunto “silencio de los sindicatos”. 

En el Gobierno no respondieron las consultas de este medio y desde un gremio estatal se excusaron: “Fue un tema contable que se arregló al otro día. Qué vamos a decir si ya está solucionado”.

Diferente fue la postura de Roberto Macho, secretario general de ATE. “Hicimos el reclamo dos veces porque se había liquidado la diferencia en los bonos de sueldo pero no estaba acreditada en las cuentas de los estatales”, señaló.

El gremialista explicó que parte de esa diferencia correspondía al SAC, que fue acreditado el 20 de diciembre sin tener en cuenta -por una lógica cuestión temporal- las cláusulas gatillo de noviembre y diciembre. Otras fuentes indicaron que también faltaba realizar el ajuste en el sueldo básico y demás ítems (antigüedad, presentismo y título, entre otros) correspondiente al último mes del año pasado.

Paritarias

El conflicto sucedía casi al mismo momento del anuncio del gobierno de que las paritarias comenzarán entre el 10,11 y 12 de marzo, que prometen ser muy calientes. Los gremios agrupados en el Frente de Unidad Sindical reclamaron ya que tomaron este calendario como “fechas tardías para una negociación que aún no comienza, llegando casi a mediados de marzo, cuando los salarios se liquidan”.

Por eso pidió que se adelanten esas fechas y la continuidad de la cláusula gatillo. Pero el propio gobernador Rodolfo Suarez ya anunció que esa herramienta de actualización automática de salarios siguiendo el ritmo inflacionario, que estuvo vigente el año pasado, no se mantendrá en este 2020.

Por ese motivo, en el Ejecutivo advirtieron que la premisa para las próximas paritarias será “no comprometer recursos que no se encuentren asegurados”. Esto en razón de que el proyecto de Presupuesto 2020 continúa debatiéndose en la Legislatura. Esa será la línea que seguirá el Gobierno: “Brindar la mejor oferta, en el marco de una administración responsable“.