Adrián Martínez Moreira, el falso hijo de desaparecidos que se convirtió en un querellador contra el Estado, volvió a escena  prometiendo reparaciones monetarias a verdaderos hijos de desaparecidos si es que toman a su espacio para que los represente legalmente. 

El hombre de 33 años fue señalado en su momento como un impostor infiltrado en los organismos de derechos humanos, pero ahora retornó con un modus operandi que le valió ser denunciado en la Secretaría de Derechos Humanos a la vez que la Justicia sigue investigando otras denuncias de su pasado.

Al menos en el Colegio Público de Abogados porteño y en el Colegio bonaerense no existe un abogado llamado Adrián Martínez Moreira en su padrón de registro.

En 2015 Adrián Martínez Moreira fue el protagonista de una novela, trascendió por haber logrado engañar al Estado con el fin de ser reconocido como hijo de un desaparecido paraguayo secuestrado en el marco del Plan Cóndor, luego apropiado por un torturador y que había logrado recuperar su identidad y convertido en líder de HIJOS Paraguay, a la vez que la Justicia reconoció en él el apellido de su supuesto padre biológico y pasó de llamarse Matías Ezequiel López, adoptado en Misiones, a llamarse Adrián Martínez Moreira, con el que actúa en el presente.

Martínez Moreira logró un DNI con su nombre. Registros consultados vinculados a ese documento revelan que tiene 33 años de edad.

Su relato, desestimado en la Justicia que investiga el Plan Cóndor, señalaba que su padre paraguayo y militante del ERP había sido secuestrado en el país para llevarlo a su país natal para desaparecerlo por el régimen del dictador Alfredo Stroessner junto a su esposa y dos bebés, uno de los cuales habría sido Adrián.

Lo cierto es que, como dijo a Infobae su hermana de sangre, fueron adoptados, aunque luego Matías, que así fue llamado por sus padres adoptivos, comenzó a inventarse una vida para él.

Esa historia, además del descubrimiento del pasado queer de su supuesto padre desaparecido, lograron que el diario Página/12 lo llevara a la tapa de su suplemento LGTB. 

“En una página de Facebook de ex detenidos en agosto o septiembre apareció un Omar García que dijo ser abogado de una Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias que ofrecía hacer todos los trámites gratis”, dice una hija de desaparecidos que prefirió mantener su nombre bajo reserva: “Lo raro es que cuando se intentaba averiguar los antecedentes de García atacaban a la persona que planteaba esas preguntas. Yo le pregunté a mi abogado, que conoce el campo legal de los derechos humanos, quien a su vez preguntó en la Secretaría de Derechos Humanos, en la que nadie conocía a Omar García”

“A la noche por mensaje privado de Facebook una supuesta mujer llamada Liliana me increpó por averiguar quién era García. Dijo que había conocido a mis padres, a quienes estaría ofendiendo con esas averiguaciones. Todo mentira. Mientras tanto García y Martínez Moreira buscaban adquirir poderes de hijos de desaparecidos de todo el país. Lo hacía mediante Adrián, que se hacía llamar doctor y decía apellidar García, Rodríguez o Martínez. Escribí una advertencia contando que la “Comisión” de García no estaba inscripta y que Adrián Martínez Moreira estaba llamando para recabar datos, y conté quién era. A la noche Omar García me había hecho una denuncia penal por falsificación de documento y asociación ilícita, una locura que el juez desestimó de manera inmediata”, concluye la fuente.

García patrocina muchas causas de Adrián Martínez Moreira, entre ellas la que lo defiende de la denuncia de falsificación de sello y firma hecha por el abogado Juan Garín, que continúa en el fuero penal ya que investiga decenas de casos en los que se comprobó la falsificación y por la que la Justicia ordenó pericias psiquiátricas que deberían realizarse con Martínez Moreira (el último requerimiento data de octubre) y la que lo postula como esposo de Pablo Zanotti, víctima de la tragedia de Once, condición que niega la familia de Zanotti y que de ser probada como cierta haría a Martínez Moreira acreedor a una indemnización del Estado.

Mientras tanto, una vocera oficial de la Secretaría de Derechos Humanos afirma: “No tenemos ningún tipo de relación con Martínez Moreira y desalentamos cualquier acercamiento a estas personas”.

“Yo actúo de buena fe”, dice Omar García: “Adrián Martínez Rojas, me dijo que se llamaba Martínez Rojas, no Moreira, me ofreció patrocinar unas causas judiciales y, como hace todo abogado, cobrar la comisión que corresponde. Él es abogado en una fiscalía, según me dijo, y sabe mucho cómo moverse”.