Mientras la pandemia del nuevo coronavirus parece no dar tregua a nadie en Occidente, en particular a los países americanos en donde la enfermedad recién ha aterrizado preparando un ataque rabioso según se espera para fines de mes o principios de mayo, el Poder Ejecutivo argentino no le va en saga a la hora de firmar decretos de necesidad y urgencia, los tenebrosos y peligrosos DNU, con el fin –se sostiene sin que nadie se sonroje– de hacerle frente al virus misterioso, desconocido y destructor.
Alberto Fernández no deja pasar siquiera fin de semana, feriado o día de guardar a la hora de firmar los decretos con los que gobierna y con los que ha unificado el poder republicano del país en sus manos. No hay Justicia, ni mucho menos parlamento que esté en funciones. La excepción está en las provincias, quién lo diría, en donde los pilares de la república se mantienen más o menos en pie. Es el caso de Mendoza en donde, efectivamente el gobernador Rodolfo Suarez ha conseguido ampliar su margen de maniobras y sus facultades para hacerle frente a la pandemia de manera rápida y sin tantas deliberaciones. Pero tales facultades las ha conseguido de la mano de una Legislatura que está funcionando haciendo uso de la tecnología y de un programa tan barato como efectivo, el extendido y altamente de moda Zoom que permite las videoconferencias en épocas de cuarentena y de encierros obligados.
Y producto de esa mano celosa al momento de firmar DNU, el Ejecutivo nacional sorprendió el lunes cuando se publicaron en el Boletín Oficial una serie de compras extraordinarias de alimentos de primerísima necesidad para repartir entre los sectores más humildes y necesitados del país. La sorpresa resultó ser el volumen de lo comprado vía una convocatoria de casi una decena de firmas y el precio pagado por el Estado por el aceite, el arroz, el azúcar y los fideos básicamente, en su mayoría con un 50 por ciento o más del valor que tienen tales productos en los supermercados del país y en el programa de Precios Máximos.
Ya durante el fin de semana, entre sábado y domingo, el Poder Ejecutivo de los decretazos había tomado la decisión, por supuesto que por la vía de otro DNU, de eliminar el expediente electrónico para algunas medidas de urgencia y volver al anacronismo del papel. Una decisión que se tomó bajo el argumento de que el sistema del expediente electrónico suele tener fallas y que no había que temer ante supuestas faltas de transparencia. Así lo aseguró el propio presidente, el dueño de la birome que firma los DNU, cuando pasadas las 22.30 del domingo y desde su cuenta de Twitter aseguraba que no había por qué dudar del cambio de metodología.
El operativo de la compra de la mercadería para repartir entre los sectores más pobres, un número que crece al ritmo de la caída de la economía y del avance del COVID-19, encerró más de un aspecto dudoso, poco explicado o carente de transparencia al menos hasta que estalló públicamente a través del trabajo de investigación de un periodista, otra vez Diego Cabot, el mismo que ventiló los cuadernos de la corrupción K.
Es tan importante una compra con vagos sistemas que garantizarían la transparencia, como los precios que se autorizaron a pagar por ella. El combo se completó con una ampliación de las partidas de recursos destinadas a Desarrollo Social, el área conducida por Daniel Arroyo, en más de 36 mil millones de pesos.
El ministro, al reconocer los sobreprecios que se pagaron, adujo que la urgencia de la emergencia obligó a contar con todo junto porque los que necesitan el arroz, el aceite, el azúcar y los fideos no pueden esperar y que por eso –nótese el calibre de la respuesta–, ante la coyuntura tan especial, los proveedores “se plantaron” y no accedieron a la rebaja de los precios que desde el gobierno se les había solicitado. Se le plantaron nada más y nada menos que a un gobierno que pese a las promesas no ha podido evitar que el Estado siga siendo el hijo de la pavota.
Un escenario impensado y no imaginado del que ha sido víctima una gestión que se jacta del control y de que no dejaría pasar las avivadas de aquellos que le quieren hacer pasar el río con botas. Un gobierno que amenaza con ir a buscar a los que violan la cuarentena a las trompadas, que se las agarra con el surfer cheto, con el que trata de miserable al empresario que cierra unidades de producción por la caída de contratos de obra y de estúpidos, elípticamente, a los gobernadores a quienes acusa, con información sesgada, de haber cerrado sus fronteras ilegalmente para zafar de la pandemia. Justo a ese gobierno un grupo de fabricantes de alimentos básicos se le plantó y no le bajó el precio de los productos, vendiéndoselos un 50 por ciento más caros que en el supermercado de la vuelta de casa de cualquiera. Al final, anoche y por la presión social en ascenso, el presidente anunciaba que daría marcha atrás con la escandalosa compra con sobreprecios.
Pero, además, en un fin de semana a pura fiebre de DNU, el Ejecutivo adelantó que facultará a los municipios para que salgan a la calle a hacer cumplir el programa de Precios Cuidados, justo el mismo que incumplió la propia administración, y a combatir los abusos de los comerciantes que, presas de aquellos mismos fabricantes de alimentos les venden sus productos con recargos permanentes. A esos pequeños comerciantes, todo el peso de la ley, la clausura y la multa hasta que escarmienten. Firmado: otro DNU.