La discusión instalada por el pedido de excarcelaciones de presos en medio de la pandemia de coronavirus puso en relieve la crítica situación de los centros penitenciarios, las pésimas condiciones a las que están expuestos los reclusos y la poca capacidad de reacción que hay desde el Estado en sus tres poderes.
Por lo tanto, la salida fácil parece apuntar a la posibilidad de flexibilizar los regímenes de detención, ya sea con prisiones domiciliarias o accediendo al beneficio de la libertad. En cualquiera de los dos casos, es indispensable que se haga una evaluación profunda de todos los aspectos que están en juego. No se trata de actuar bajo el paraguas de los derechos de los internos sin tener en cuenta a sus víctimas y el potencial daño que pueden provocar a nivel social.
Efectivamente, hay un cruce de intereses. Cuál derecho vale más. De eso se trata. Y, frente a una decisión que será cuestionada de un lado o del otro, la prioridad es, tal como manda la Constitución, garantizar el bienestar general. Por ahí viene la respuesta.