Más allá de las definiciones de la cuarentena, la semana que comienza será de suma relevancia para Mendoza por otro tema clave: la reestructuración de su deuda. Es que el próximo viernes 7 de agosto vence la prorroga dispuesta por el Ministerio de Hacienda en busca de mayores adhesiones de los acreedores.

En las últimas horas se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender la extensión de la oferta a los bonistas y solamente está dispuesto a tener otra ronda de diálogo con los acreedores privados si aceptan su propuesta económica. Esa negociación se mira con atención desde Mendoza ya que algunos acreedores son los mismos.

Desde la Casa de Gobierno consideran que ese acuerdo de la Nación puede afectar la negociación mendocina pero no representa de por sí un obstáculo insalvable. “Influir no implica necesariamente complicar”, indicaron desde el Ejecutivo local.

“Son procesos independientes, nosotros estamos transitando el nuestro. El nacional comenzó muchísimo tiempo antes que el de Mendoza”, explicó en este sentido el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, diferenciando el proceso nacional con el local.

Sin embargo el propio Nieri, a mediados de abril, tenía una visión diferente y señalaba que “dependemos mucho de lo que suceda con la deuda argentina”.

Crisis y negociación

En medio de la crisis financiera que complican las arcas locales, el resultado de esa negociación será fundamental para la gestión de Rodolfo Suarez, ya que -de llegar a buen puerto- traería un alivio para las finanzas.

El primer respiro para la gestión se logró con la refinanciaciación de una deuda de $11 mil millones con el Banco Nación. De este modo, se pagará en un plazo de 60 meses y se otorgaron seis meses de gracia en el plazo total.

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Ahora falta resolver el frente externo. En lo que respecta a la deuda con los bonistas, la provincia apunta a reestructurar un bono de 590 millones de dólares. La última información oficial daba cuenta que -hasta mediados de julio- Mendoza había logrado la adhesión del 49,6% de los bonistas.

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Este dolor de cabeza para el gobernador comenzó el 19 de mayo cuando la gestión debía cancelar un pago por 25 millones de dólares. La complicada situación financiera, agravada por la cuarentena y la paralización de la actividad económica, hizo que la provincia no pudiera cancelar el vencimiento. Al entrar en cesación de pagos, la calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor’s Global Ratings ubicó a Mendoza ubicó en “default selectivo”.

Los datos muestran que el Ministerio de Hacienda presentó una oferta inicial el 5 de junio y un mes después la superó con mejores condiciones para los acreedores y un periodo de aceptación anticipada.