La causa penal contra el exsubsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino -imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra-, se ha transformado definitivamente en un laberinto de planteos y contraplanteos judiciales. En las últimas horas, lo que en los pasillos de los Tribunales provinciales ya se perfilaba como un trámite complejo derivó en una verdadera “lluvia de recusaciones” que mantiene paralizado el avance del expediente y bajo la lupa el comportamiento de los propios magistrados.
La última y más ruidosa novedad del caso corre por cuenta de los abogados defensores del exfuncionario, Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditi. Según la presentación formal a la que accedió El Sol, la defensa recusó a la jueza penal colegiada María Belén Salido, argumentando la existencia de “circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad”. El origen del cuestionamiento penal no es técnico, sino digital: se basa en una serie de capturas de pantalla de chats pertenecientes a un grupo de WhatsApp integrado por miembros de la magistratura local. Salido fue sorteada para definir si es procedente la recusación en contra de María Jimena González Pina, conjueza designada en el resonante caso.
“Hay juec@s en Berlín” y las ironías que detonaron el planteo
De acuerdo con el escrito presentado por los representantes de D’Agostino, Salido habría vertido polémicos comentarios en un grupo denominado Hay juec@s en Berlín. Al compartirse en ese espacio virtual una noticia periodística vinculada al avance de la causa contra el exsubsecretario, la magistrada recusada habría manifestado textualmente: “Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”.
El intercambio de opiniones no quedó allí. Inmediatamente, otro integrante del mismo chat privado respondió: “Qué tarde”, agregando luego: “Con esa calificación tendrían que detenerlo, o me equivoco”. La secuencia expuesta por la defensa cierra con la intervención de un tercer miembro del grupo, quien de forma irónica acotó: “¿Es la 2da????”, para rematar con un fuerte tinte político: “Por lo menos nos salvamos de que sea ministro de la Corte o procurador…”.
Para los abogados del imputado, estas filtraciones configuran un escenario de “temor fundado de parcialidad” insalvable. En los fundamentos de la recusación, expresaron con dureza que “el comentario realizado por la recusada puede ser interpretado como una ironía o como una burla hacia el imputado, ya que expresa risa ante la posible detención del mismo”. Y concluyeron: “Sea cual fuere la interpretación que hagamos de ese comentario, está claro que habiendo tomado el imputado conocimiento de esta circunstancia, constituye una circunstancia que objetivamente hace dudar de la imparcialidad de la Magistrada”.
Una más y van: las recusaciones en la causa
La llamativa recusación contra Salido se produce en un contexto de extrema sensibilidad y tras un derrotero de idas y vueltas que ha dejado al expediente prácticamente sin un rumbo fijo en cuanto a su conducción.
El primer apartamiento: en el inicio de la instrucción, la causa había quedado bajo la órbita de la jueza Eleonora Arenas. Sin embargo, la querella (encabezada por la abogada María Elena Quintero) planteó su recusación debido a la estrecha relación de amistad que la uniría con D’Agostino, tal como comentó este diario. Finalmente, Arenas no llegó a actuar en la causa porque su pliego fue aprobado en el Senado para ascender al Tribunal Penal Colegiado Nº 1 y juró, dejando así su antiguo puesto.
La llegada de la conjueza: tras semanas de inactividad que sembraron incertidumbre en los pasillos judiciales, la Suprema Corte designó a María Jimena González Pina como conjueza para absorber la causa de Arenas. La querella, a través de María Elena Quintero, no tardó en recusarla, argumentando que al ser una aspirante a un cargo judicial carecía de la estabilidad e independencia necesarias frente al peso político del imputado.
El rechazo y el tribunal de alzada: González Pina rechazó el planteo de la querella sosteniendo que su nombramiento era plenamente legal. Ante su negativa de apartarse, el conflicto escaló al Tribunal Penal Colegiado para que dictamine si debe continuar o no.
Fue precisamente en este punto donde la historia tomó un giro inesperado. Para resolver el futuro de la conjueza González Pina, se sorteó a un triunvirato de jueces compuesto por Mauricio Juan, la propia Eleonora Arenas y María Belén Salido.
Con la aparición de los chats de WhatsApp y la consecuente recusación interpuesta por la defensa de D’Agostino contra Salido, el tribunal que debía destrabar la causa quedó nuevamente empantanado.