Diego Alejandro Barrera (50) esperó el momento justo para confesar el crimen de su socio y desvincular a su esposa, Bibiana Sacolle (46,) y a los dos hijos de ella, Lucas (26) y Gastón Curi (28).

Lo hizo el lunes por la mañana, a través de un escrito de media carilla, cuando el fiscal federal Fernando Alcaraz les notificó a todos una batería de delitos que prevén prisión perpetua como única pena si son hallados culpables en un juicio y cuatro días antes de la audiencia más importante para el futuro de la instrucción: la que definirá si el expediente continúa instruyéndose en los Tribunales Federales o pasa a la Justicia local, luego de que el juez Marcelo Garnica se declarara incompetente de seguir al frente de las actuaciones.

Utilizando frases como “Diego se me murió”, “no hubo secuestro ni coacciones”, “mi familia no sabía nada del hecho”; dando a entender que hubo una pelea que se le “fue de las manos” y hasta mostrándose arrepentido y pidiéndole perdón a la familia de su socio, Barrera intentó con su declaración que la causa dé un giro y termine por confirmar que no se trató de un secuestro extorsivo.

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Debido a esto, se analizan varios escenarios, y la audiencia del viernes en la Cámara de Apelaciones es vital para la fiscalía y las defensas.

Está previsto que se desarrolle por la mañana, con la presencia del fiscal general Dante Venga “defendiendo” la instrucción de Alcaraz. También será parte el abogado de la querella, Jaime Alva, representando a los hijos de la víctima. El tribunal tendrá la última palabra y fallará de forma definitiva para ese fuero.

Si coincide con los argumentos del juez Garnica, quien entendió que se está frente a un hecho aislado, donde no hay presencia de una organización delictiva destinada a cometer sistemáticamente secuestros extorsivos, o la multiplicidad de ilícitos perpetrados en distintas jurisdicciones o bien la participación de miembros de seguridad, el expediente de 11 cuerpos (hasta este martes) pasará a la Fiscalía de Homicidios de la Justicia provincial.

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Para el día de la desaparición del ex despachante de aduana, el 28 de julio, se encontraba de turno la fiscal Andrea Lazo.

Pero, no todo estaría “cerrado” si esto sucede. El jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, luego de analizar las actuaciones con Lazo, también podría declarar la incompetencia al coincidir con la hipótesis de que Aliaga fue secuestrado y luego asesinado.

De ocurrir esto, la causa iría a parar directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien debería resolver el conflicto de las competencias.

Más allá de la “batalla” de criterios que se están ventilando en la Justicia federal, fuentes judiciales que dialogaron con El Sol señalaron que es “casi un hecho” que la Cámara de Apelaciones haga lugar a la apelación de Alcaraz para que no se muden las actuaciones. Desde un primer momento, el fiscal de instrucción sentenció que la resolución del juez Garnica fue “apresurada” porque todavía restaban pruebas por producirse.

De confirmarse el trascendido, la Cámara apartará a Garnica, porque ya dio a conocer su opinión al declararse incompetente, y el expediente cambiará de despacho: será el titular del Juzgado Federal Nº1, Walter Bento, el que tenga que fallar sobre procesamientos y prisiones preventivas, entre otras cosas, porque la pesquisa está a cargo de la fiscalía en casos de secuestros extorsivos desde la modificación del Código Penal del 2004, con la llamada Ley Blumberg.

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Así las cosas, el caso policial más impactante de los últimos años en la provincia, que fue revelado por este diario al igual que cada paso que se fue dando en la causa, todavía está lejos de cerrarse.

La hipótesis de Alcaraz sostiene que Diego Barrera, con la ayuda de su pareja y los dos hijos de ella, más el llamado “quinto detenido”, Yamil Rosales (un empleado de su empresa de transportes), atacaron y apretaron la mañana del 28 de julio a Aliaga en una casa de calle Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, donde los socios tenían pensado abrir una clínica de rehabilitación pera personas discapacitadas.

Agrega que lo trasladaron, después de maniatarlo y taparle la boca con una tela, hasta un galpón de Jujuy 840, de Ciudad. Allí se habría producido la muerte.

Esa misma jornada, por la noche, trasladaron el cadáver hasta Costa de Araujo, en Lavalle, y lo enterraron en un descampado. El 10 de setiembre, tras la confesión de Rosales, hallaron los restos.