El gobernador Rodolfo Suarez enviará a la Legislatura dos proyectos de ley que buscarán regularizar y proteger al piedemonte del Área Metropolitana. Uno de ellos, consiste en la nueva ley de Piedemonte y el otro, apunta a la creación de una nueva área protegida.

Esta iniciativa, denominada, “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)”, fue generada desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial con el aporte de los cuatro municipios del Área Metropolitana que integran territorio en el área (Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján) y en base al estudio “Evaluación de Amenazas del Piedemonte del Área Metropolitana”, elaborado por el Instituto Nacional del Agua.

El proyecto de ley se viene trabajando desde hace más dos años con el aporte de los equipos técnicos de los cuatro municipios que integran el piedemonte y de organismos como la Dirección de Hidráulica, EPAS, EPRE e incluso el Departamento General de Irrigación, entre otros, decididos a asumir la responsabilidad de actualizar la legislación sobre el piedemonte como unidad ambiental y a dar soluciones operativas a quienes ya lo habitan y a futuro.

Dónde se podrá construir

La normativa que se denomina viene a dar lineamientos generales a los cuatro municipios que tienen jurisdicción: Las Heras, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad de Mendoza.

Se habilitará con este ordenamiento los emprendimientos que ya tiene la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y en lo que ya está construido se evaluará la realización de obras que permitan mitigar el peligro aluvional.

El nuevo marco jurídico circunscribe al piedemonte con un límite geográfico definido como la cota 1.150 metros sobre el nivel del mar hacia el oeste, a partir de la cual queda prohibida la localización de barrios, excepto usos de esparcimiento o desarrollo de turismo de bajo impacto, investigación e interpretación ambiental.

Las zonas de menor riesgo deberán respetar los llamados “criterios mínimos” para loteos en el piedemonte, con parámetros para dimensiones de parcelas, pendientes, entre otros requisitos.

Las directrices de este plan se encuentran en un estudio técnico que concluyó la  existencia de un estado de vulnerabilidad ambiental considerable, teniendo en cuenta que la ocupación del territorio de manera no planificada y fuera de los términos establecidos en la legislación genera procesos que afectan negativamente al ambiente y a la población.

Allí se construyeron viviendas sin autorización y sin servicios.

Mingorance indicó que una vez que expiró la emergencia ambiental, los proyectos pendientes fueron avanzando y “fueron los mismos desarrolladores, los que también entendieron que este nuevo marco hace que sus inversiones rindan más”.

Beneficios ambientales 

La correcta urbanización permitirá la recarga del acuífero natural que tiene el pie de la montaña y que sirve para el abastecimiento hídrico de la población mendocina.

Además, se desalentarán las posibilidades de inundación, al frenar los desmontes que se venían haciendo históricamente en el lugar.

La realización de obras de infraestructura adecuadas será otra de las instancias superadoras, a lo que hay que agregar que se cortarán las operaciones inmobiliarias realizadas, sin las autorizaciones correspondientes.