El procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín da Rocha, como titular del cuerpo de abogados del Estado, expuso ayer en Washington los argumentos por los cuales considera que el CIADI no es el organismo competente para resolver el arbitraje requerido por la firma internacional Asset Recovery Trust. Asset Recovery Trust demandó a Argentina por una suma total de 148.894.969 de dólares -monto que abarca capital e intereses-, porque, en el 2003, el Gobierno mendocino no le renovó el contrato que firmaron para que la compañía realizara cobranzas judiciales y extrajudiciales de ex bancos de la provincia. La Procuración, acompañada por funcionarios del Gobierno de Mendoza (ver recuadro), expuso que la compañía es controlada por un argentino, Carlos Andrés Abadi, lo que inhibe la intervención del CIADI, el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial.

     La Procuración del Tesoro, a través de un comunicado de prensa, recordó que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ya rechazó los reclamos de Asset Recovery Trust. El argumento que sostuvo la delegación argentina se basa en que la relación de Asset con el Gobierno de Mendoza “era contractual” y que no realizó en el país una inversión que contribuyera al desarrollo del Estado, dos requisitos que establece el Convenio CIADI para presentar una demanda de ese tipo. La presentación que realizó ayer Da Rocha se suma a la hecha a principios del corriente mes durante la reunión anual del Consejo Administrativo del CIADI junto con el vicecanciller, Alberto D’Alotto, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, para que se investiguen las irregularidades que se cometieron en el arbitraje condenatorio contra el país en el caso de la empresa francesa Vivendi y la concesionaria Compañía Aguas del Aconquija, que fue concesionaria del servicio de aguas en la provincia de Tucumán.

    La Procuración reclamó que se inicie una investigación sobre la denuncia que realizó el juez holandés Jan Hendrik Dalhuisen basado en que miembros de la Secretaría del CIADI mantuvieron contacto con los integrantes del Comité de Anulación para intentar influir en la decisión. En concreto, Argentina reclama que en el proceso arbitral iniciado por las empresas Vivendi y Aguas de Aconquija, “se violaron los principios de imparcialidad y debido proceso, afectando los derechos de la República Argentina, al resolver arbitrariamente en forma desfavorable a nuestro país”.