La Corte Suprema de Justicia dejó ayer sin efecto una sentencia de la Justicia mendocina que ordenaba al Poder Ejecutivo suspender la ejecución de un decreto del 2003 que regula la promoción industrial. El alto tribunal hizo lugar a un recurso presentado por el Estado nacional y convalidó el decreto 1295/03, objetado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. A partir del dictado de la norma, esa entidad presentó un recurso de amparo para que se suspendiera el decreto y recibió fallos favorables en primera instancia y por parte de la Cámara de Mendoza.
Según la entidad cuyana, “la indebida regulación de la promoción industrial mediante un decreto de necesidad y urgencia origina, al menos, un interés legítimo en el restablecimiento de los derechos de los comerciantes e industriales de las provincias vecinas discriminadas”. La Cámara de Comercio de San Rafael argumentó que la regulación favorecía a las provincias vecinas y que provocaría “efectos irreparables” a su industria, ya que “se generará un inmediato desequilibrio en la actual distribución de las actividades”.