Humberto Mingorance presentó este martes su renuncia “indeclinable” a la presidencia del directorio de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). En una carta dirigida al gobernador Alfredo Cornejo y al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, el funcionario atribuyó su salida a “motivos de índole personal”.
En el texto, Mingorance agradeció “la confianza depositada” y aseguró que deja la empresa “en una posición operativa, institucional y financiera sustancialmente fortalecida”. Buena parte de la carta la dedicó a enumerar los logros que reivindica de su gestión: sostuvo que Aysam cuenta hoy con “superávit financiero y autosostenibilidad” y repasó el plan de obras en ejecución, con 30 trabajos por más de USD 194 millones, el financiamiento internacional gestionado y el plan de intervención para el colapso de la Colectora Máxima Noreste, en Los Corralitos. Cerró con su “gratitud por el respaldo” y se puso a disposición para coordinar la transición.
El tono celebratorio de la carta contrasta, sin embargo, con el momento que atravesaba su gestión. Mingorance, hombre de confianza de Cornejo al que acompaña desde su época de intendente de Godoy Cruz, había asumido al frente de Aysam en enero de 2024 y su paso por la empresa quedó marcado por serios cuestionamientos.
El más grave fue la imputación que le dictaron los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi por el desastre ambiental ocasionado por los derrames cloacales en Los Corralitos. En aquel momento, Cornejo lo respaldó públicamente: “No veo un motivo para cambiarlo”, llegó a decir.
A eso se sumó un durísimo dictamen de Fiscalía de Estado sobre las contrataciones de Aysam para intervenir precisamente esa colectora. El organismo de control utilizó cinco veces la expresión “llama poderosamente la atención” para señalar irregularidades en los procedimientos: un concurso iniciado sin definiciones esenciales, cambios en la modalidad de cotización y en los requisitos durante el proceso, y un episodio que calificó de “especial gravedad”, cuando se permitió a una empresa aclarar el tratamiento del IVA de su oferta después de la apertura de los sobres. Fiscalía no pudo afirmar ni descartar un perjuicio económico al Estado y remitió las actuaciones a la Oficina de Ética Pública y al Tribunal de Cuentas.
Mingorance tampoco llegaba limpio en lo personal: la Oficina de Ética Pública ya le había aplicado una multa por omitir siete propiedades en su declaración jurada de 2025, y la Cámara de Senadores había pedido que se investigara su crecimiento patrimonial.
En su reemplazo asumió Ginés Darío Hernández, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo que se desempeña en el sector de agua y saneamiento desde el año 2000 y que, hasta ahora, ocupaba la gerencia general de la empresa.
La carta completa
