En el marco de “medidas de austeridad”, el nuevo gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anuló los nombramientos recientes de empleados públicos y suspendió la renovación de contratos realizados por el gobierno anterior, medida que puede afectar a unas 6.000 personas, en tanto que una comisión evaluadora analizará “casos puntuales”.

Además Orrego anunció la reducción del 30% de los cargos políticos, reafirmando “el compromiso con la austeridad, responsabilidad y eficiencia en la administración pública”, destacó un comunicado.

A pocas horas del comienzo de su gestión como gobernador provincial, cargo en el que asumió este domingo, Orrego informó sobre la anulación de “los actos administrativos que resultaron en nombramientos en planta permanente de la administración pública en los seis meses previos” a su asunción como mandatario.

Asimismo, se invalidaron “los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses, no cumplieron con un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo”.

El mandatario de Juntos por el Cambio se apoyó legalmente en el artículo 46 de la Constitución Provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, que establecen la prohibición de realizar nombramientos en los seis meses previos al término del mandato.

En un comunicado difundido a la prensa, el gobierno de Orrego indicó que “habida cuenta de la situación económica que atraviesa el país y del que nuestra provincia es parte, el Estado no puede incorporar miles de personas a la administración pública, incrementando el gasto y poniendo en riesgo las finanzas de la provincia”.

En ese sentido, señalaron que los empleados afectados por estas disposiciones “cesarán en sus cargos de forma inmediata”.

También se dio de baja “la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del año 2023, realizadas por el gobierno anterior” y anunciaron la formación de una comisión evaluadora, “para casos puntuales que puedan cumplir con los requisitos de contratación, a fin de garantizar los derechos de los mismos”.

“No es lo mismo una persona que no ha trabajado en una repartición pública y es nombrada de un día para otro, que aquellas que tienen un tiempo largo”, declaró a la prensa local Orrego.

La medida, se estima, podría alcanzar a casi 2000 empleados que durante el último año de administración de Sergio Uñac fueron incorporados a planta permanente, además de los contratos de servicios que se renovaban anualmente, y ahora fueron suspendidos, que serían cerca de 4.000.