El Gobierno de Javier Milei ha comenzado su segundo año de gestión enfrentando un problema inesperado: el congelamiento salarial de los altos mandos de la administración pública. Este fenómeno está generando disparidades tanto entre los distintos poderes del Estado como dentro del propio Ejecutivo.
El tema cobró relevancia tras las declaraciones de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien publicó en sus redes sociales que gana “dos chirolas”. Su comentario, hecho en el contexto del aumento de dietas para los senadores nacionales en diciembre de 2024, resonó fuertemente en la opinión pública y en los pasillos de la Casa Rosada.
Los dichos de la presidente de la Cámara Alta del Congreso hicieron eco en el Ejecutivo, ya que miembros de diferentes ministerios aseguraron que Villarruel “tiene razón. Lo que ella dice en público lo dicen muchos en privado”.
He firmado el Decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias. Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad,… pic.twitter.com/01vR1XBNZY
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 2, 2025
Sin embargo, agregraron que pocos se atreven a plantear el problema directamente con las figuras clave del entorno presidencial, como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el asesor Santiago Caputo. Esta falta de diálogo interno dificulta avanzar en una solución.
Ante esta situación, el Gobierno ha comenzado a delinear un plan integral para abordar las asimetrías salariales en el sector público. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, es quien está llevando adelante la elaboración de una nueva estructura salarial.
La propuesta busca reorganizar las escalas salariales con el presidente en la cima de la pirámide, lo que implicaría tanto reducir los sueldos elevados de ciertos organismos y empresas estatales como incrementar el salario presidencial. Sin embargo, el propio Milei ha rechazado cualquier aumento en su retribución.
Pese a ello, fuentes cercanas al funcionario aseguran que “no hay nada concreto” y que nadie quiere asumir la responsabilidad de impulsar una suba de salarios en un gobierno que se define como “anticasta”.
La situación salarial se ha agravado tras un 2024, con una inflación acumulada del 116%, que erosionó significativamente el poder adquisitivo de los sueldos jerárquicos. Aunque la inflación muestra signos de desaceleración, se prevé que los haberes permanezcan congelados durante 2025.
La Decisión Administrativa 1/2025, firmada por Sturzenegger junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, extendió hasta diciembre de este año la medida que limita los aumentos salariales en el sector estatal.
El malestar dentro del Gobierno tiene dos aristas principales. Por un lado, está la situación de funcionarios de bajo perfil con sueldos congelados que deben tomar decisiones cruciales. Por el otro, existen grandes disparidades con otras agencias estatales, donde los ingresos son considerablemente mayores, lo que reduce el atractivo de los cargos públicos.
Actualmente, el salario presidencial asciende a $4.066.018 mensuales, mientras que la vicepresidenta percibe $3.764.820. Los ministros reciben alrededor de $3.500.000, los secretarios de Estado $3.200.000 y los subsecretarios $2.900.000.
Sin embargo, los sueldos más altos se concentran en dependencias como la Cancillería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde los ingresos pueden alcanzar entre $15 y $20 millones mensuales debido a componentes variables ligados al desempeño.