La Corte Suprema de Justicia no dio lugar a un pedido del empresario Lázaro Báez, quien continuará con prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. El dueño de la empresa Austral Construcciones fue condenado a 12 a años de prisión por lavado de activos agravado, causa más conocida como “la ruta del dinero K”. 

El implicado había pedido su apartamiento de la causa y recuperar su libertad, pero la Justicia lo rechazó. Luego de que el Tribunal Oral Federal 4 resolviera que Báez debería continuar con su arresto domiciliario y con tobillera electrónica, la defensa legal del empresario apeló la medida y la Cámara de Casación Penal rechazó ese pedido.

Los representantes del acusado acudieron a la Corte Suprema, quien volvió a fallar en su contra. Para la defensa del empresario ligado a la construcción, el fallo era similar a una sentencia definitiva y no se estaba cumpliendo con lo resuelto, que era un estado de prisión preventiva. Pero la Corte Suprema rechazó el recurso porque la presentación legal de Báez no cumplió con requisitos formales.

Báez fue detenido el cinco de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello en la causa de la “ruta del dinero K” por lavado de dinero.  En julio de 2020, estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza hasta que consiguió el beneficio de la prisión domiciliario. Ya en 2021, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero.

Luego, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, pero redujo la pena a diez años y absolvió a sus dos hijas. No obstante, a Báez lo volvieron a condenar a finales de 2022 a seis años de prisión, por la causa de Vialidad Nacional, producto de las obras públicas que recibió para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández Kirchner. 

A esta lista de condena hay que sumarle la de junio de 2024 por apropiación indebida de los aportes de sus empleados en Austral Construcciones y otras empresas, en donde  el Tribunal en lo Penal Económico 3 lo condenó a una pena de 3 años y medio.  

La última fue en agosto de ese mismo año. Allí fue condenado por cuatro años y medio de cárcel por lavado de dinero relacionado con la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, en José Ignacio, Uruguay.