La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se “está trabajando” en identificar y desarticular a supuestos grupos de agentes cubanos y venezolanos con instrucciones de sembrar el caos en Argentina.
“Prefiero no hablar del tema. Son actuaciones que van dentro de un protocolo que no me permite que yo de esa información”, aseguró Bullrich, quien en una entrevista con Eduardo Feinmann (LN+), se negó a detallar la estrategia específica de su cartera contra quienes presuntamente reciben órdenes desde La Habana y Caracas.
Sin embargo, ante la insistencia del periodista, la ministra de Seguridad agregó que “se está trabajando” sobre los detalles del artículo del columnista Joaquín Morales Solá, que advertía sobre la presencia de “agitadores cubanos y venezolanos” en el país.
“Están en el país agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar al vandalismo de los revoltosos locales. Proyectan reproducir aquí el largo estallido social de 2019 en Chile (contra el Gobierno de Sebastián Piñera)”, escribió Morales Solá en su columna publicada este domingo en La Nación, citando a una fuente gubernamental que no identificó.
“El protocolo es completamente legal”
Durante la madrugada de este miércoles, Bullrich informó desde cuenta personal de la red social “X” que el protocolo antipiquetes que impulsa obtuvo respaldo legal y reconocimiento jurídico.
“¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal! Solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”, afirmó la ministra, pocas horas antes de la movilización organizada por movimientos piqueteros, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
Este martes, el Partido Obrero y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) presentaron un hábeas corpus colectivo para que “se deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional
Néstor Pitrola, diputado nacional del Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y referentes de organismos de derechos humanos presentaron el hábeas corpus preventivo y colectivo ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 13 a cargo del Juez Subrogante, Gustavo Miguel Pierretti,
“Los planteamientos formulados no logran demostrar que la normativa impugnada, es decir el protocolo ‘antipiquetes’, implique una injustificada o impertinente afectación a la libertad ambulatoria”, indica la resolución judicial. En esa misma línea, señala que “el hábeas corpus no era la vía adecuada”, sugiriendo que debería haberse presentado un amparo.