El gobierno de Javier Milei prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que considera la piedra angular de su batalla contra la inflación. “El principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina durante demasiado tiempo”, sostuvo el vocero Adrián Ravier.
La Carta Orgánica es la ley que rige el funcionamiento, la organización y las atribuciones del BCRA. Al regular la entidad, fija directrices sobre la política monetaria en tres ejes: la capacidad del Central para emitir dinero que financie el gasto público, la priorización de sus objetivos y la independencia de la institución. El proyecto, que está siendo pulido con la participación del presidente, el Ministerio de Economía, el BCRA y el ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, tiene cuatro ejes centrales.
El primero es la prohibición total del financiamiento monetario al Tesoro. Se deroga el artículo 21 que regulaba los adelantos transitorios, el mecanismo que históricamente permitió cubrir el déficit fiscal con emisión. También se eliminará la transferencia de utilidades contables del BCRA al Tesoro —algo que el propio Gobierno de Milei utilizó este año—: esos resultados deberán quedar inmovilizados como reserva técnica y solo podrán usarse en un escenario de deflación.
El segundo eje es la recuperación del mandato único de “preservar el valor de la moneda”. Se elimina el objetivo múltiple vigente desde 2012, que sumaba metas de estabilidad financiera, promoción del empleo y desarrollo económico con equidad social. El tercer punto es la eliminación de las Letras Intransferibles, instrumentos que el Tesoro entregaba al BCRA a cambio de reservas y que, al no poder negociarse en el mercado, carecían de valor comercial efectivo. Su uso se consolidó desde 2006 para pagar deuda en dólares con reservas.
El cuarto eje apunta a la independencia del organismo: se endurecen los requisitos para la remoción de su presidente y directores, de modo que no puedan ser reemplazados por simple decreto. Además, el proyecto contempla penas de prisión para funcionarios que autoricen emisión sin respaldo, alcanzando tanto a directores del BCRA como a miembros del Ejecutivo y legisladores.
El origen de la reforma está en la modificación de 2012, impulsada por la entonces presidenta del BCRA Mercedes Marcó del Pont. A juicio del Gobierno, la ampliación de los límites para emitir en favor del Tesoro que introdujo aquella reforma fue el punto de partida de la aceleración inflacionaria que Argentina, 14 años después, aún no logró desactivar.