Los nombres de Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli y Ricardo Echegaray aparecen mencionados como funcionarios gubernamentales cuestionados por presuntos hechos de corrupción, dentro de un Informe del Gobierno de los Estados Unidos sobre Prácticas de Derechos Humanos en la Argentina que se conoció hoy.

Según la publicación del Departamento de Estado, la situación se complica en el país debido a que existen “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado que dificulta eliminar la corrupción” a la que calificó de “sistémica”.

Además de los hechos de “corrupción oficial”, entre los problemas más graves que sufre la Argentina en la materia, están la ineficiencia y la falta de independencia judicial, los abusos policiales, la situación carcelaria y hechos sociales de violencia doméstica contra mujeres, abuso y trabajo infantil y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

En un largo paper, que se repite con el mismo esquema para cada uno de los países, el Departamento de Estado alterna la descripción de situaciones en las cuales, según su criterio, la Argentina respeta claramente los Derechos Humanos, con otros donde se efectúan críticas, producto de las denuncias recibidas.

Al comienzo del Informe se señala que “fueron reportados” los siguientes “problemas de derechos humanos”, entre los que se incluyen “asesinatos y uso de fuerza excesiva por la policía y las fuerzas de seguridad; el abuso policial y la presunta tortura de presuntos delincuentes y la brutalidad de los guardias de prisiones hacia los presos; el hacinamiento y las condiciones deficientes de las cárceles; el arresto arbitrario y las detenciones ocasionales y las prolongadas detenciones preventivas”.

Además, incorpora como hechos denunciados “las continuas preocupaciones sobre la eficiencia e independencia judicial y la corrupción oficial”. En este aspecto, el informe dedica toda una Sección para detallar este tipo de situaciones y para aludir a la transparencia del Gobierno.

Allí, el gobierno de Barack Obama recuerda además que se registraron “frecuentes informes de prensa” dedicados a denunciar a funcionarios de los tres poderes que “han incurrido en prácticas corruptas, lo que sugiere una falta de aplicación de la Ley con eficacia”.

En primer término, el Informe alude a “algunas fuerzas de seguridad”, en casos de extorsión y de protección de personas involucradas en el tráfico de drogas y prostitución. “Los controles internos para hacer frente a los abusos policiales son débiles”, dice el reporte.

En relación a la Oficina Anticorrupción, el Departamento de Estado señala que la misma denunció al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray quien habría “usado su autoridad como jefe de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (ONCCA)” en la concesión de subsidios “a empresas que fueron suyas”.

Además, el Informe señala como caso emblemático “el financiamiento de las campañas”, a partir de la llamada mafia de los medicamentos, que involucró a Héctor Capaccioli como “recaudador en jefe” para la campaña de 2007 de la “Presidenta Fernández de Kirchner”.

Entre los involucrados en casos denunciados también aparece el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime quien “fue acusado de 15 cargos de corrupción” y también de “supuestamente recibir regalos y favores de las empresas de transporte”, dice el reporte.

El reporte tiene un apartado que señala el caso del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous quien declaró ante el Congreso “que empresas argentinas fueron autorizadas a exportar maquinaria agrícola a Venezuela, a cambio de pagos a funcionarios del ministerio de Planificación”.

En otra sección, la publicación alude a los problemas de la prensa en la Argentina, aunque se reconoce que “los medios de comunicación independientes son numerosos, activos y expresan una gran variedad de puntos de vista”.

Entre las situaciones de dificultad, el Informe señala que, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales “la publicidad estatal se utiliza como instrumento de apoyo a los medios de comunicación progubernamentales y para socavar la presentación de informes críticos contra el Gobierno”.

El Departamento de Estado reconoce también que en la Argentina “los sindicatos tienen derecho de huelga y los trabajadores ejercieron ese derecho” y señala el caso de la Central de Trabajadoras Argentinos (CTA), pese a un fallo de la Corte, sigue sin obtener “la personería jurídica plena”.