El Gobierno nacional evalúa una “modificación al marco normativo” que permita la compra de vacunas en el marco de la pandemia por coronavirus, para la adquisición de fármacos de laboratorios que actualmente no cumplen los requisitos de la ley, como Pfizer.

“Evaluamos si hay que hacer una modificación en aquel marco normativo para avanzar con los contratos”, dijo este jueves por la noche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a la señal de cable Todo Noticias (TN).

En este sentido, el presidente Alberto Fernández se apresta a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitaría la llegada al país de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen.

El DNU está destinado a modificar los párrafos de la Ley de Vacunas objetados por Pfizer y que impidieron la firma del contrato con ese laboratorio para la compra de vacunas contra el coronavirus.

El cortocircuito lo produjo una palabra técnica del artículo 4 de la Ley de Vacunas que establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de incorporar en los contratos con proveedores públicos y privados “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

La palabra “negligencia”, introducida en ese artículo a requerimiento de la diputada kirchnerista Cecilia Moreau, trabó el contrato con Pfizer, que en julio de 2020, había ofrecido entregar 13,2 millones de vacunas en varios tramos que, hasta hoy, hubiesen garantizado la distribución de unos ocho millones de vacunas en la Argentina, según explicó semanas atrás el gerente de Pfizer en la Argentina, Nicolás Vaquer.

El laboratorio estadounidense ya firmó acuerdos comerciales con 116 países, y ese concepto jurídico no aparece en ninguno de los convenios comerciales.

La fuerte presión de la sociedad que exige vacunas, sin importar su procedencia, y los dardos de Juntos por el Cambio obligaron a un gobierno en modo electoral a modificar su postura. A pocos meses de los comicios, en la Casa Rosada son concientes que no puede darse el lujo de seguir viendo declinar la imagen de su gestión como marcan los sondeos de opinión pública, que dan cuenta de un ostensible nivel de insatisfacción con la política sanitaria de las autoridades nacionales.

En este sentido la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, ya le entregó a Fernández un nuevo borrador del DNU que compatibiliza la legislación nacional con las disposiciones básicas de indemnidad penal. Los laboratorios estadounidenses ya aceptaron los términos de ese último borrador por lo que después de la promulgación del DNU, lo único que faltaría es la firma de los contratos.

Ibarra deseaba que el acuerdo con Pfizer saliera por ley, pero eso hubiera causado un inevitable costo político a Fernández, que ahora busca una rápida salida que permita destrabar el conflicto que impide el arribo de las vacunas estadounidenses. Así, creen en la Casa Rosada, se pondría fin a una desgastante negociación que estaba minando aceleradamente la confianza en el gobierno nacional ante los problemas derivados de la insuficiente cantidad de dosis que están llegando al país.

Tensión en el Congreso

Este jueves el oficialismo fue objeto de severas críticas por su rechazo en el Congreso a un proyecto para modificar la ley de vacunas y posibilitar la llegada de dosis de laboratorios norteamericanos.

Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, impulsó en la Cámara de Diputados, un apartamiento del reglamento para que se trataran tres proyectos: uno para quitar la palabra “negligencia” de la ley de vacunas y así destrabar un acuerdo Pfizer; otro para posibilitar el arribo al país de vacunas destinadas a menores con comorbilidades; y un tercero tendiente a que el Gobierno informe sobre la presunta lentitud del plan de vacunación.

El rechazo del oficialismo a considerar esas iniciativas provocó una ola de cuestionamientos, extendidos en medios de comunicación y redes sociales. Particular indignación mereció esa negativa ante la situación de niños y adolescentes con enfermedades, que hoy se encuentran desprotegidos frente al Covid. Rápidamente, en redes sociales se viralizó el hashtag #ConLosChicosNo, sumando presión contra el Gobierno.

El titular de la Comisión de Salud de la Cámara baja y representante del Frente de Todos, Pablo Yedlin, fundamentó el rechazo por parte del oficialismo al tratamiento del proyecto para modificar la ley de vacunas, señalando que el Gobierno aún estaba negociando con Pfizer.

Más tarde Cafiero aclaró que la vacuna Pfizer aún “no está aprobada para uso pediátrico” en el país. “Es un dato de la realidad. La Anmat, que tiene muchísimo prestigio en el mundo, todavía no aprobó ninguna vacuna para uso pediátrico. Hay pocos países que lo hacen. Sinopharm se está usando en niños, hemos cerrado una compra importante”, subrayó el funcionario.