El presidente Alberto Fernández anunció este miercoles por la noche que el poder Ejecutivo realizará una demanda ante la Justicia para declarar nulos los decretos del año 2018 que ratificaron los acuerdos de renegociación con Autopistas del Sol S.A y Grupo Concesionario del Oeste S.A. La Casa Rosada entiende que esos contratos firmados durante la presidencia de Mauricio Macri comprometieron al Estado con una deuda millonaria lesiva a los intereses de los usuarios.

El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández. En concreto, la Dirección Nacional de Vialidad presentará una acción de lesividad para que se declaren nulos los decretos 607 y 608, que ratificaron acuerdos de renegociación, con los que la gestión de Macri buscaba reconocer y cancelar una deuda bruta por parte del Estado Nacional de U$S 813.143.839,52: por un lado, U$S 540.522.269,52 para AUSOL y, por el otro, U$S 272.621.570 para GCO).

En los decretos firmados por el gobierno anterior también se les reconocieron a las concesionarias intereses capitalizables y beneficios respecto del pago de Impuesto a las Ganancias. Y se dolarizaron los Contratos de Concesión, en franca colisión con la pesificación dispuesta por la mencionada Ley de Emergencia.

A su vez, se fijó un mecanismo de actualización tarifaria automática semestral, más una actualización cada vez que el índice del CER superara el 10%, y se eliminó la prohibición establecida en los contratos originales respecto de que una misma persona jurídica pudiera ser accionista del concesionario y de otra empresa titular de Concesiones Viales otorgadas por el concedente.

Para hacer frente a este pretendido aumento, el Gobierno Nacional fijó en febrero de este año una tarifa 20 veces menor que lo que establecía el acuerdo. De esta manera, mientras que hoy una auto paga en hora pico y de manera manual $80 en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, según la solicitud de AUSOL pagaría $1.830, esto es, 2.200% más.

En el caso del Acceso Oeste, un auto que hoy paga en hora pico y de forma manual $100, de acuerdo con la concesionaria pagaría $1.072, 1.000% más.

Además, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos. Pero, por el acuerdo de 2018, eso no cuenta para cancelar la deuda, lo que representa un ingreso adicional para las concesionarias.

El Gobierno aclaró que las obras ejecutadas en los accesos no se financian con la tarifa de peaje, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos pasó a manos de ambas concesionarias. La tarifa pretendida en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios a los usuarios.

“Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y agregó que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”.

Según indicó Katopodis, en la documentación que motivó la suscripción y posterior aprobación de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual, “presentada en su momento como imperiosa y urgente, no aparece acreditado que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino” por parte del CIADI.

“No tenemos ninguna duda de que ese fue un argumento para justificar y avanzar con un proceso que fue oscuro, absolutamente arbitrario y que genera un perjuicio patrimonial para todos los argentinos”, concluyó el ministro.