Otro juez federal ordenó ayer investigar a la presidenta Cristina Fernández por presunta “incompatibilidad de funciones”, en una causa que apunta a determinar si la jefa de Estado y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, integraron una empresa que brindaría servicios de consultoría a inversionistas durante sus mandatos. La investigación es impulsada por el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, quien pidió ayer informes a la Inspección General de Justicia sobre el funcionamiento de la empresa El Chapel SA, una sociedad radicada en Río Gallegos, Santa Cruz, en la que tendría participación el matrimonio Kirchner.
En tanto, el Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tildó ayer de “canallada” las críticas de la oposición al sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en relación al aumento patrimonial del matrimonio presidencial en los últimos años. “Ahora esta sentencia está mal, porque todo el mundo quería el escarnio público (de la pareja presidencial). Es una locura”, reaccionó el funcionario frente a las críticas de la oposición, que amenazó con pedir el juicio político del juez Oyarbide.
Fernández consideró en declaraciones a las radios La Red y Continental que Oyarbide es uno de los “muchos jueces federales de excelente prestigio” que tiene Argentina. El ministro defendió, además, el fallo de sobreseimiento de los Kirchner, al afirmar que la documentación presentada “demostró claramente que estaban las cosas en orden”. El jefe de ministros señaló que “la Oficina Anticorrupción requirió la justificación patrimonial, se hicieron las presentaciones del caso y se propició un estudio pericial contable que llevaron a cabo los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Es la tercera vez que investigan el patrimonio” y en ningún caso hubo sentencia condenatoria, enfatizó el ministro al refutar los cuestionamientos sobre el accionar judicial de Oyarbide.