El presidente Javier Milei anunció que vetará la nueva fórmula de ajuste jubilatorio aprobada por el Congreso. En declaraciones hechas este viernes, el mandatario calificó la medida como “demagógica” y afirmó que implicará un aumento de la deuda de 370.000 millones de dólares, basando sus cálculos en proyecciones a perpetuidad. Además, estimó que el costo de esta decisión representará un incremento del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Sin embargo, un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sugiere que el impacto fiscal de la medida es considerablemente menor. Según el análisis de la OPC, la nueva fórmula tendría un costo adicional para 2024 del 0,44% del PBI, asumiendo que el Gobierno continúe otorgando bonos de 70.000 pesos hasta fin de año y que estos sean reemplazados por el suplemento alimentario previsto en el artículo 4° de la nueva ley.
Si el Ejecutivo optara por suspender los bonos entre agosto y diciembre, el costo incremental sería del 0,74%, reflejando la diferencia entre la propuesta original del Gobierno y la que finalmente aprobó el Congreso. La OPC también proyectó que, para 2025, si los bonos continuaran, el impacto fiscal oscilaría entre 0,69% y 0,80% del PBI. Si los bonos se eliminaran, el costo adicional de la nueva fórmula se ubicaría entre 1,14% y 1,25% del PBI.
Es posible que Milei haya utilizado este último escenario, que contempla la eliminación de los bonos a jubilados que perciben la mínima en 2025, para justificar su estimación más alta. “¿Cuál es el verdadero costo fiscal? Dicen que es 0,4% del PBI, lo cual es falso. En realidad, esto cuesta 1,2% del PBI”, afirmó el presidente en una entrevista con Radio Rivadavia.
En cuanto al costo total de la reforma jubilatoria, las cifras proporcionadas por el mandatario resultan difíciles de justificar. Según las proyecciones de la OPC, el gasto total en 2024 ascendería al 8,05% del PBI, lo que equivale a aproximadamente 46.709 millones de dólares al tipo de cambio oficial mayorista actual. La diferencia entre este valor y el que resultaría de no implementar los cambios aprobados por el Congreso oscila entre 2500 millones y 4300 millones de dólares. Estas cifras, calculadas en pesos, serían aún menores si el tipo de cambio oficial aumenta.
Para 2025, tomando en cuenta el PBI estimado por la OPC y utilizando un dólar a 1400 pesos (como proyectan los privados para julio del próximo año), los costos también se alejan de la estimación presidencial. Con la reforma, el gasto previsional podría representar un máximo del 8,48% del PBI, equivalente a algo más de 54.000 millones de dólares. No obstante, el costo incremental, es decir, la diferencia entre la propuesta del Gobierno y lo aprobado por el Congreso, se situaría entre 4400 millones y 8000 millones de dólares, dependiendo del escenario, particularmente en función de la continuidad o no de los bonos.