Para el Gobierno nacional no hay ninguna duda: a la hora de la distribución de los recursos que llegan a los territorios, Mendoza recibe el mismo trato que el resto de las provincias. Y si en algunos programas surgen asimetrías -argumentan desde la Casa Rosada-, estas no se explican por un problema de color político sino por los niveles de inequidad estructural que afectan a algunos territorios o por “dificultades en la gestión” local 

“Si se compara la distribución de los recursos entre enero y julio de este año y el mismo período del año pasado, se ve que Mendoza recibió un 15 por ciento más en términos reales, igual que todas las provincias”, afirma Silvina Batakis, secretaria de Relaciones con la Provincias del Ministerio de Interior de la Nación, la funcionaria que lleva el vínculo cotidiano con los gobernadores.

Desde el Ministerio de Interior buscan explicar “técnicamente” esa frase que el presidente Alberto Fernández repite desde el inicio de su mandato: “No les preguntamos de qué partido son, estamos en todos los lugares porque tenemos que ocuparnos de los derechos y necesidades de todos los argentinos”.

Batakis, por ejemplo, destaca que en la única distribución masiva de Aportes del Tesoro Nacional que se hizo en lo que va del año se aplicó el mismo criterio que se utilizó durante 2020: transferir a cada provincia de acuerdo al porcentaje de la recaudación que recibe mediante la coparticipación federal de impuestos. Fue así como Mendoza recibió a partir de julio 330 millones de los más de 8.000 millones de pesos que habilitó Nación.

Ese monto no incluye los 1.354 millones de pesos que entre enero y junio se distribuyó del fondo de los ATN entre un puñado de jurisdicciones y que dejaron a Mendoza afuera. Para Batakis, esa exclusión, tiene que ver con que los Aportes que se enviaron a algunas provincias estuvieron destinados, en la mayoría de los casos, a atender emergencias que surgieron por catástrofes naturales, como el tornado y las inundaciones que afectaron a Catamarca (que recibió $ 150 millones), los incendios en Lago Puelo, Chubut (a donde se giraron $ 225 millones) o el terremoto de San Juan (hacia donde se enviaron $ 400 millones).

La urgencia no es el único criterio que altera los porcentajes establecidos en la ley de Coparticipación Federal. Según Batakis, también hay recursos que se distribuyen teniendo en cuenta los niveles de inequidad históricos que afectan, en especial, a las provincias del Norte. Así, por ejemplo, justifica que Tucumán haya recibido 200 millones de pesos en ATN para iniciar las obras de infraestructura que le permitirán construir un centro de logística y distribución de mercaderías para toda la región. “Cuando se miran los números, no hay que ver sólo los de uno, sino la situación que atraviesan todas las provincias”, agrega la funcionaria.

Desde el Gobierno nacional explican que desde el inicio de la gestión de Fernández, y en particular con el desafío que representa la pandemia, la distribución de recursos buscó ser lo más “igualitaria posible” (que cada provincia reciba proporcionalmente lo mismo), pero sin perder de vista la “equidad”. Por ejemplo, el envío de respiradores, oxímetros o bombas de infusión entre todos los distritos buscó cubrir una cuota mínima para que cada provincia pudiese responder en forma suficiente y similar ante el crecimiento de la demanda exponencial del servicio sanitario. Según los números que maneja el Ministerio de Salud, entre 2020 y 2021 Mendoza recibió más de $242 millones en equipamiento y otros $142,6 millones en insumos de protección como alcohol, barbijos o guantes.

“Y si una provincia recibe en algún ámbito proporcionalmente más que otra se debe a que su situación, su situación estructural, es peor. Hay que darle a las provincias que menos tienen para compensar la inequidad histórica que padecen”, argumenta Batakis.

Desde la Administración central niegan que haya un trato discriminatorio con Mendoza, por ejemplo, en la adjudicación de obras públicas. Desde el Ministerio de Obras Públicas precisan que entre los proyectos finalizados, los que están en ejecución, los que están en proceso de adjudicación y evaluación, la carpeta provincial llega a los 30 mil millones de pesos. En esa lista tiene un peso singular la construcción de la Variante Palmira, la nueva traza de la autopista de la Ruta Nacional 7-Sistema Cristo Redentor que tiene un presupuesto de 7 mil millones de pesos y que comenzó en la gestión anterior.

“Y si no hay más obras, es porque la administración provincial no presenta propuestas o la documentación necesaria para recibir fondos”, advierte Batakis y da tres ejemplos de lo que ella llama “dificultades en la gestión”.

En primer lugar precisa que desde marzo de 2020 la provincia tiene a su disposición una transferencia no reembolsable de 10,5 millones de dólares para gastos de capital que forma parte de un programa de financiación del Ministerio del Interior con el BID. Desde esa oficina afirman que recién un año y medio más tarde, la administración de Rodolfo Suárez se acercó para presentar una propuesta para recibir esa donación: el proyecto para avanzar la reconversión del Zoológico en el Ecoparque.

“Otro programa parado es una obra de saneamiento en Tunuyán. Tienen un préstamos de 400 millones disponibles para la refacción de las cañerías de cloacas que luego permitirá hacer una planta de tratamiento con una inversión de más de 1.000 millones, y no lo usan”, relata Batakis y precisa que algo similar ocurre con 11,5 millones de dólares que están disponibles para el Acueducto Ganadero La Paz.

Hay episodios que contradicen la explicación de la Casa Rosada y que en Mendoza ocupan un lugar relevante en la crónica de la discriminación. Por ejemplo, el capítulo que tuvo como protagonista al gobernador Suárez que llegó a Buenos Aires una mañana de octubre del año pasado a firmar un convenio para recibir un préstamo por 3.000 millones de pesos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y terminó regresando a la provincia con la promesa de 1.900 millones. Desde Mendoza siempre se leyó ese evento como una consecuencia de la brecha partidaria que separa a las dos administraciones.

Desde Nación rechazan esa hipótesis e insisten con su teoría del trato igualitario y equitativo. Y tratan de deslindar responsabilidades, por caso, la escasez de recursos del Ministerio de Economía que administra ese Fondo Fiduciario. “Lo mismo que le pasó a Mendoza, le ocurrió a Neuquén, a Chubut y a Salta. Se terminaron llevando la mitad de lo que les habían prometido”, explican desde Nación. Los cuatro gobiernos pertenecen a partidos diferentes y con distinto grado de cercanía con la gestión de Fernández.

Batakis, desde el Ministerio del Interior, retoma su argumento: “No hay nada parecido a un acto de discriminación. Tampoco vemos mala intención en la gestión provincial o de los ministros. Hay predisposición de ambas partes y los recursos están disponibles. Tenemos una instrucción clara por parte del Presidente. Necesitamos que Mendoza, como todas las provincias, se ponga en marcha porque detrás de los gobiernos, está la gente. Y el objetivo es que todos vivamos mejor”.