El Gobierno nacional avanza con una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de ampliar los incentivos para que los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero sean canalizados hacia inversiones productivas. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto con modificaciones al régimen vigente, luego de recoger observaciones realizadas por profesionales del sector contable.
“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró Caputo durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Según explicó, la intención es fortalecer la seguridad jurídica para los contribuyentes y generar mayores incentivos para que los dólares ahorrados ingresen a la economía formal.
El proyecto contempla tres cambios centrales. El primero apunta a flexibilizar el régimen de rectificación de declaraciones juradas. Actualmente, cuando la diferencia detectada por el fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud de sus declaraciones y puede quedar expuesto a revisiones sobre ejercicios anteriores. La modificación permitiría corregir inconsistencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sin perder los beneficios del régimen, siempre que se regularice la situación y se abonen las diferencias correspondientes.
El segundo cambio busca eliminar los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. En la actualidad, quedan excluidos quienes superan ingresos anuales por $1.000 millones o poseen patrimonios superiores a $10.000 millones. La eliminación de esos topes ampliaría significativamente el universo de contribuyentes alcanzados por el sistema y facilitaría la incorporación de ahorros en moneda extranjera que hoy permanecen fuera del circuito formal.
La tercera modificación prevé actualizar el monto mínimo para iniciar litigios tributarios. El umbral vigente es de apenas $25.000, una cifra que quedó desactualizada frente a la evolución de los precios. La intención oficial es reducir la litigiosidad por montos menores y permitir que tanto la ARCA como la Justicia concentren recursos en casos de mayor relevancia económica.
Caputo vinculó estos cambios con la estrategia económica general del Gobierno. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, sostuvo. Y agregó: “A mayor crecimiento, habrá mayor formalidad. Entonces, manteniendo el gasto constante, eso nos dará un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos”.
El ministro también defendió la política fiscal de la administración de Javier Milei y destacó que “ya hemos bajado tres puntos de impuestos, más o menos veinte mil millones de dólares por año”. Según explicó, el objetivo no es únicamente alcanzar el equilibrio fiscal, sino generar condiciones para una reducción sostenida de la presión tributaria.
La iniciativa surge luego de que especialistas tributarios advirtieran sobre aspectos de la ley original que podían desalentar la adhesión al régimen. Tras una reunión con contadores, el Gobierno decidió avanzar con correcciones. El propio Caputo reconoció el consenso alcanzado al señalar en la red social X que “hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo Régimen”.
Las modificaciones llegarán al Congreso en un contexto clave, ya que el Gobierno extendió hasta fines de julio el plazo para presentar las declaraciones juradas correspondientes. Esa prórroga le otorga margen para aprobar los cambios antes de que venza el período de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta que la Casa Rosada considera estratégica para captar dólares no declarados e impulsar la actividad económica.