Una investigación judicial a cargo de la fiscal de La Plata, Betina Lacki, derivó en la detención de Albertina Mangini, una funcionaria perteneciente al Patronato de Liberados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, acusada de integrar una red de lavado de activos. La maniobra investigada habría movilizado una cifra estimada en $27.000 millones mediante el uso indebido de datos personales y registros biométricos de personas en situación de vulnerabilidad social y ex convictos bajo supervisión judicial.
Junto a Mangini fueron arrestados Mauro Perrotta (en Mar del Plata) e Ignacio Marchioni (en Quilmes), imputados por los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Las actuaciones están radicadas en el Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata, a cargo de Agustín Carlos Crispo.
De acuerdo con la Fiscalía, y según reveló Clarín, Mangini habría aprovechado su rol dentro de la estructura estatal para contactar a personas en situación de fragilidad económica y judicial. A cambio de pagos que rondaban los $80.000, citaba a los reclutados en un bar ubicado en la zona céntrica de La Plata.
En ese lugar se llevaban a cabo las tomas de fotografías, escaneos de rostros y registros biométricos para dar de alta perfiles y aperturas de billeteras virtuales a nombre de terceros. Dichas cuentas operaban como “cuentas mulas” o recaudadoras para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Este será el peor momento de El Niño con sequías, inundaciones y temperaturas récord
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio a conocer este jueves el último reporte sobre el estado de situación respecto del fenómeno de El Niño y reveló que “seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre” y que “es…
La alarma judicial saltó a partir de movimientos financieros por un monto superior a los $172 millones en el lapso de un año.
Para evitar encender las alertas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos de control, la organización aplicaba la técnica conocida como smurfing o “pitufeo”. La modalidad consistía en fraccionar sumas millonarias en miles de transferencias de menor volumen.
Una vez fragmentados e ingresados al circuito digital a través de las identidades robadas o cedidas, los fondos eran derivados hacia plataformas de casinos online clandestinos. Posteriormente, el dinero regresaba al circuito formal bajo la simulación de ganancias por juegos de azar o apuestas, completando así el proceso de blanqueo.
El caso cobró mayor resonancia política e institucional al detectarse que uno de los operadores imputados en la causa, Ignacio Marchioni, presenta vinculaciones con el expediente que investiga a la financiera Sur Finanzas y a su titular, Maximiliano Vallejo.
A través de un comunicado, la administración de Axel Kicillof sostuvo que Mangini “es una empleada Judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia”.
Mangini es funcionaria del Ministerio Público Fiscal, aunque cumplía tareas en una oficina dentro del Patronato de Liberados. Dicho Patronato depende del Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo del kirchnerista Martín Mena.