La Corte Suprema de la Nación rechazó el recurso que el ex camarista federal de Mendoza Otilio Ireneo Roque Romano presentó contra su destitución, en diciembre de 2011, por mal desempeño de sus funciones.

La Corte, en coincidencia con el dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que el Jurado que destituyó a Romano no violó las garantías procesales y que el ex magistrado tuvo oportunidad de ejercer su defensa.

Romano se encuentra preso en una cárcel de Mendoza, tras ser extraditado en septiembre del año pasado desde Chile.

En el “Jury” Romano “fue imputado por cargos definidos en base a una conducta descripta con precisión, tuvo las oportunidades procesales para ejercer su defensa mediante descargo, recusaciones y ofrecimiento de prueba”, sostuvo el máximo tribunal del país.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Romano -“en ausencia” porque se había ido a Chile para evitar las causas en su contra- por su desempeño como fiscal federal de Mendoza durante la última dictadura militar.

El Jurado concluyó que “cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes”, Romano “desdeñaba reiteradamente” los reclamos y denuncias de víctimas.

Se consideró en el “jury” que el ex magistrado federal “no propuso ninguna medida de investigación o de trámite respecto de denuncias de secuestro o de desaparición de personas” y “omitió la investigación de delitos de torturas, apremios ilegales y violaciones”, entre 1975 y 1983. La defensa argumentó que Romano debió ser juzgado por el tribunal que revisa la actuación de los fiscales, pero la Corte evaluó que de tal manera se violaría el principio constitucional del “juez natural”.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt (ambos con fundamentos propios), Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi calificaron de “insuficientes” los argumentos defensivos.

Romano expuso que fue juez en 1994 con acuerdo del Senado de la Nación, pero la Corte señaló que cuando se le tomó juramento “se desconocía las conductas” que integraron los cargos del juicio contra el ex camarista federal, a quien se consideró “partícipe necesario en delitos de lesa humanidad”.