Durante la tarde del martes, la frase “IVA al 24%” ardió en las redes sociales, con usuarios quejándose de una polémica medida en la economía que, en tiempos de inflación, iba a generar más problemas con los precios. Se trata del Impuesto al Valor Agregado a los alimentos que pasaría del 21% al 24%. Sin embargo, esto fue desmentido por la AFIP.

La situación se dio a partir de que tanto desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) habían cuestionado una resolución de la Agencia Federal de Ingresos que obliga a las empresas de alimentos a ser agentes de percepción del tributo. Esta resolución entra en vigencia el 1 de abril.

Las objeciones de las cámaras apuntaban a que, principalmente, va a encarecer el precios de los alimentos, además de generar problemas financieros para las empresas en términos de facturación.

Pero las críticas fueron rechazadas por el titular de AFIP, Carlos Castagneto, quien afirmó: “Ni impuestazo oculto ni presión impositiva sobre el precio de los alimentos. En el debate de ideas sobre qué tipo de sistema tributario queremos se admite todo tipo de argumentaciones, pero no podemos admitir la mentira”.

A través de un hilo de Twitter, el funcionario defendió la aplicación de la Resolución General 5329, por la cual se implementa un régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado, “aplicable a las operaciones de compraventa de productos alimenticios, bebidas y artículos de limpieza”, sostuvo Castagneto.

Según el titular del organismo recaudador, en análisis sectoriales “se ha observado que una proporción relevante de las ventas de los mencionados productos no se declaran, de lo cual resulta que el impuesto abonado por los consumidores finales no llega a las arcas del Estado“.

En el hilo, Castagneto recalcó que los consumidores no pagarán más. “La implementación de este régimen no tiene relación con el precio que en definitiva abona el consumidor final, sino que se refiere a una forma de percepción del IVA que hoy existe en la relación comercial entre productores, distribuidores y/o mayoristas con comercios minoristas”, detalló.

Por el contrari, aseguró el funcionario, “se trata, en definitiva, de una medida que defiende a aquellos que no tienen manera de eludir el pago del IVA: las y los consumidores finales”.

Por su parte, para las cámaras, pidieron cambios en la norma ya que adviertieron que para las pymes “el perjuicio económico es muy grande“.

Entienden que están obligadas a trasladar el 3% de ese gravamen e ingresar dicho monto en un plazo de 10 días finalizado el periodo. En tanto, tienen que esperar entre 45 y 60 días para cobrar esas ventas.

Por eso, aseguraron que para las pymes “es insostenible”.