El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante la Justicia Federal por presuntos delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” contra los detenidos en la protesta de barrabravas del miércoles. Además, solicitó el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien ordenó su liberación inmediata.

Según la presentación judicial, los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional fueron el resultado de una planificación organizada por grupos vinculados a barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.

El Ministerio señaló la participación de hinchas de clubes como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, y mencionó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría expresado su apoyo desde España a través de un video en redes sociales.

Violencia, heridos y daños materiales

El informe detalla que la protesta, en principio convocada en apoyo a los jubilados, derivó en hechos de violencia, con agresiones a las fuerzas de seguridad, incendios y destrozos en bienes públicos.

Entre los afectados se cuentan al menos 14 policías heridos, incluyendo un subcomisario con lesiones de gravedad. También resultaron afectados civiles y periodistas, como el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió un impacto en la cabeza mientras cubría los disturbios.

Las fuerzas de seguridad denunciaron que los manifestantes portaban armas blancas, objetos incendiarios y clavos tipo “miguelito”, lo que evidenciaría un accionar premeditado. Entre los bienes dañados se registró la quema de un patrullero y motocicletas oficiales.

Críticas al accionar judicial

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la actuación de la jueza Karina Andrade, quien dispuso la liberación de los detenidos.

El Ministerio de Seguridad la acusó a la magistrada de haber tomado la decisión sin revisar pruebas ni antecedentes penales de los involucrados, algunos de los cuales tendrían registros por delitos graves como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes.

Por ello, el Ministerio solicitó que la causa pase al fuero federal, argumentando la gravedad de los delitos y su impacto en el orden institucional. Además, evalúa denunciar a la magistrada por presunto prevaricato y violación de los deberes de funcionario público.

Posibles vínculos políticos y financiamiento

La denuncia señala como principal responsable de la organización de los disturbios a Leandro Capriotti, presuntamente vinculado al sindicalista Luis Barrionuevo. Según el texto, los manifestantes habrían sido movilizados desde municipios bonaerenses como La Matanza y Lomas de Zamora, con posible financiamiento de actores políticos locales.

Asimismo, el Ministerio sostiene que estos grupos estarían articulados con barras bravas de distintos clubes, a quienes describe como “mano de obra” utilizada por sectores políticos para ejercer violencia con fines estratégicos. En ese sentido, argumenta que el objetivo de la movilización no fue solo la protesta social, sino un intento de desestabilizar al gobierno de Javier Milei.