Luego de que el Gobierno nacional decidiera abrir la puerta a la comercialización de vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina a través de la Resolución 549/2026, el arco sanitario encendió las alarmas. Diversas organizaciones de salud pública rechazaron de plano la medida, advirtiendo sobre el grave impacto que esto podría tener en la población

La nueva normativa deja atrás la prohibición que regía desde 2011. Si bien el Ejecutivo nacional argumenta que el nuevo esquema establece un registro obligatorio, límites a la nicotina y la eliminación de saborizantes para proteger a los jóvenes, las entidades médicas aseguran que el efecto será el contrario.

Un retroceso sanitario

Para los especialistas, esta apertura del mercado es un claro retroceso. Sostienen que, en lugar de fortalecer la prevención, la regulación facilita la llegada de productos altamente adictivos. El punto más crítico que marcan es la contradicción oficial: la norma admite que hay un consumo elevado en adolescentes, pero, al mismo tiempo, habilita su venta.

“Esto contradice toda la evidencia científica que vincula el acceso fácil y el diseño de estos dispositivos con el inicio temprano del consumo en menores”, señalaron desde los sectores críticos.

Dudas sobre el control y el marketing

Otro de los cuestionamientos apunta a la “letra chica” del control. El registro previsto se basa en declaraciones juradas de las propias empresas, lo que para las organizaciones resulta insuficiente. Además, advierten sobre tres frentes difíciles de frenar:

  • El comercio informal.
  • El marketing agresivo en plataformas digitales.
  • La falta de fiscalización en las ventas online.

También llamó la atención de los expertos la inmediatez de la norma. Aunque se dio un plazo de 45 días para organizar el registro, la resolución entró en vigencia de forma automática, lo que consideran una “inconsistencia en la planificación sanitaria”.

El pedido: frenar la medida

Las organizaciones recordaron que la nicotina afecta el desarrollo cerebral de los jóvenes y aumenta los riesgos cardiovasculares. Por eso, han solicitado formalmente la suspensión inmediata de la Resolución 549/2026 y de la Disposición de ANMAT que la acompaña.

El reclamo incluye un pedido de transparencia: exigen que se publiquen todos los antecedentes técnicos de la medida y que se convoque de urgencia a la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco, junto a universidades y sociedades científicas, para evaluar el daño real antes de avanzar con las autorizaciones comerciales.