El presidente Javier Milei ha puesto nuevamente en la agenda política argentina la baja de la edad de imputabilidad. El líder de La Libertad Avanza, adelantó que enviará al Congreso un proyecto que permite que menores de hasta 13 años puedan ser juzgados penalmente. El jurista especialista en derecho penal juvenil, Emilio García Méndez, dijo que la iniciativa de “es peor que la ley que tenemos”.

Actualmente, en la Argentina rige la Ley N.º 22.278, denominada Régimen de Penal de la Minoridad. Fue sancionada en 1980, durante la última dictadura militar, y establece en su primer artículo que la edad de imputabilidad -el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel- es de 16 años.

Para García Méndez, el proyecto que está elaborando el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona “está logrando empeorar al actual régimen que tenemos”.  El exlegislador nacional se mostró preocupado por la recepción que tuvo el anuncio en la sociedad y por la falta de análisis del mismo.

“Me interesa la recepción que está teniendo este anteproyecto. Por ahora veo una excesiva exaltación y nadie se toma el trabajo de analizarlo correctamente. Me parece que este proyecto recoge un poco esa concepción bastante predominante de la política como una forma de espectáculo”, analizó este martes, durante una entrevista en el programa “Opinión”, de LVDiez.

“Hoy en la Argentina los menores a partir de los 16 años pueden ser tratados como adulto. Todos los países de América Latina tienen un sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que trata a los menores de edad en forma diferenciada respecto de los adultos”, manifestó García Méndez. “Es clave distinguir entre el concepto de imputabilidad y el concepto de responsabilidad penal”, insistió.

Siguiendo con su mirada crítica hacia la iniciativa que pretende llevar adelante Milei, el jurista reveló que la Argentina “es la vergüenza de las estadísticas” porque no sabe cuántos menores de 18 años están privados de la libertad.

“No sabemos cuántos delitos son cometidos por menores de edad. Tampoco sabemos diferenciar que una cosa es la imputabilidad y otra es la responsabilidad penal. Lo primero que tiene que hacer el Estado argentino es mejorar la calidad de la información de temas sensibles como este”, aseguró García Méndez, quien durante su paso por el Congreso, el exsenador nacional fue autor de un proyecto de Ley de Responsabilidad Penal juvenil, que logró media sanción en la Cámara alta pero fue “cajoneada” en Diputados.

García Méndez aconsejó imitar regímenes que se aplican en otros países. En tal sentido, destacó el caso de Brasil, donde los menores de 18 años son inimputables pero penalmente responsables. “Responden en forma diferenciada respecto de los adultos. La pena privativa máxima es de tres años, que es poco para un delito grave”, analizó.

También hizo énfasis en la legislación de Costa Rica, donde se dividen las penas en franjas etarias. “Entre los adolescentes de 16 y 17 años, ronda los 14 años la pena máxima privativa de la libertad; y para los 14 y 15, la pena máxima es de 10 años”, finalizó el jurista.