Con la ola delicitiva de Rosario como telón de fondo, la Procuración General de la Nación pidió este miércoles al Gobierno nacional y a la Corte Suprema de Justicia que tome medidas “de manera urgente” para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles federales por parte de condenados o detenidos por narcotráfico. El pedido se basa en investigaciones judiciales que determinan que los líderes narco siguen operando a pesar de estar en el encierro, ordenando crímenes y secuestros.
La ley 24.660, en su artículo 160, establece la prohibición de este tipo de dispositivos en las cárceles, aunque su uso es cotidiano.
La solicitud que se envió al ministro de Justicia, Martín Soria -a cargo de las cárceles federales- se dio en una reunión encabezada, entre otros, por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el procurador Eduardo Casal y fiscales especializados en drogas y secuestros, con la idea de erradicar los dispositivos móviles de las unidades carcelarias.
“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medias“, señaló la nota.
Para los fiscales, se debe “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial), atendiendo a la finalidad de la prevención general y, eventualmente, que informe las acciones que se hayan adoptado a esos fines”, de acuerdo con el escrito enviando al Gobierno nacional.
En concreto, le pidieron a Rosatti que coordine una política para abordar el problema en los penales de máxima seguridad, colocando inhibidores de señal. Esta posibilidad está contemplada en las normas, pero no se implementa.
En esa reunión se habló sobre un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos y se habló de los capos narco que desde los pabellones manejan operaciones de comercialización de estupefacientes, pero también secuestros, gracias a sus teléfonos celulares.
Con información de Infobae y La Nación.