La Justicia laboral suspendió este jueves los efectos del decreto presidencial que eliminaba el feriado del Día del Trabajador del Estado, previsto para este viernes 27 de junio. La decisión judicial, que beneficia a los afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), generó fuertes críticas desde el Gobierno nacional, que confirmó que apelará la decisión.

La medida fue dictada por la jueza laboral Moira Fullana, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por ATE. El gremio argumentó que el decreto 430/2025, que anulaba la jornada no laborable establecida por la Ley 26.876, implicaba una afectación directa a derechos adquiridos por los empleados públicos.

El Ejecutivo reaccionó con dureza. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la decisión como parte de un “blindaje judicial a la mafia sindical” y confirmó que el Gobierno apelará el fallo. “Mientras millones de argentinos trabajan sin feriados especiales, el sindicalismo y una parte de la Justicia siguen protegiendo privilegios”, expresó en su habitual conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también cuestionó la medida judicial y sostuvo que “la casta del Estado sigue defendiendo beneficios que no existen en el ámbito privado”.

Desde ATE celebraron la resolución judicial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, consideró que se trata de un “triunfo legal y simbólico en defensa de una conquista histórica de los trabajadores del Estado”.

El feriado del 27 de junio fue establecido por ley en 2013, en conmemoración de la fecha en la que la Argentina adoptó el Convenio 151 de la OIT, que reconoce el derecho a la negociación colectiva en el sector público. El reciente DNU del Gobierno buscaba eliminar ese feriado como parte de su política de ajuste en la administración pública.

La cautelar dictada por la jueza Fullana tiene, por ahora, un alcance limitado a los afiliados de ATE. Sin embargo, el Gobierno busca que se revoque por completo. La Cámara del Trabajo deberá resolver en los próximos días si mantiene vigente la medida o da lugar a la apelación del Ejecutivo.

El conflicto deja al descubierto una nueva disputa entre el Gobierno y los gremios estatales, en medio de una ofensiva oficial por revisar beneficios laborales que considera “innecesarios” o “injustificados”. Los sindicatos, en cambio, denuncian un intento de vaciamiento de derechos y promueven una mayor resistencia en los tribunales.