El proyecto de Presupuesto 2023 que incluye el pago de jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales del impuesto a las Ganancias suma resistencias y la Corte Suprema analiza fijar una “postura institucional”.

El oficialismo incorporó un artículo en la iniciativa que establece la aputa de gastos para el próximo año para que a integrantes del Poder Judicial se les cobre el gravamen del cual la mayoría están eximidos. Sin embargo, la idea tambalea en el Congreso.

Luego del rechazo del sector, los cuatro jueces del máximo tribunal se reunieron para estudiar el planteo del Gobierno. Según los voceros, interpretan el proyecto como un nuevo capítulo de lo que consideran una “avanzada” del Ejecutivo.

La Corte no puede avanzar en una resolución judicial dado que todavía no hay un “caso” sobre el cual pronunciarse. Sin embargo, analizaron una postura institucional y pronosticaron que una eventual sanción de la inclusión de ellos en Ganancias “se judicializará de inmediato”.

Desde el PRO, el referente jurídico del bloque, Pablo Tonelli, señaló: “Es muy justo que paguen, pero implicaría una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110 de la Constitución”.

“Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con la fórmula de ahora y que paguen los nombrados desde 2017. Esto se aplicó en Estados Unidos en los años ’30 y al cabo de un tiempo todos los jueces (de ese país) llegaron a pagar el impuesto a las Ganancias. Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con esa fórmula y no innovar“, sostuvo.

En la Unión Cívica Radical (UCR), en cambio, mantienen más cautela sobre el tema y mientras algunos de sus integrantes opinan que “se trata de un nuevo capítulo de la disputa del kirchnerismo con la Justicia”, otros no quieren “votar en el recinto en contra de la eliminación de los privilegios del Poder Judicial”.

En ese escenario, la abstención aparece por estas horas como la alternativa que prevalece en la bancada presidida por el cordobés Mario Negri. Es una posición que difiere de la que sostienen los doce integrantes de Evolución Radical, que son partidarios de votar a favor del artículo en cuestión.

La Coalición Cívica (CC), cuarto espacio en volumen del interbloque JxC, con once miembros, ya había expresado una posición más crítica sobre el Presupuesto en general. Esta bancada, por ahora, ni siquiera analiza por ahora el punto por punto del proyecto.

La iniciativa

Esto lo impulsó uno de los secretarios de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló: “Hay que modificar, dentro del rubro de gastos tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”.

El diputado del Frente de Todos argumentó que la exención de los impuestos de los magistrados nacionales y provinciales tuvieron un costo fiscal de $55.000 millones en 2021, que se elevará a $129.000 millones este año y a $ 237.000 millones en 2023.

Ver también: La Asociación de Magistrados dijo que la cláusula para que paguen Ganancias “es inconstitucional”

Ante eso, las tres agrupaciones de jueces y empleados judiciales del país se pusieron en pie de guerra contra el dictamen que busca aplicar el gravamen del cual la mayoría están eximidos, al que definieron como “inconstitucional”.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó que “pretenden violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.

“Nos encontramos convocados en sesión permanente, conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento, y en contacto todos los espacios con un objetivo común. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el salario no es ganancia ni un privilegio“, indicaron a través de un comunicado firmado por el secretario general, Marcelo Peluzzi, y el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle.

A su vez, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizará el martes un paro de 24 horas con movilización a la Corte Suprema de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires

El gremio calificó como un “avance en diputados del acto confiscatorio del salario de los judiciales”. Además, apuntaron que otro de los motivos fueron las “gravísimas declaraciones de un diputado oficialista”, en las que, el funcionario se manifestó “cuestionando la independencia del Poder Judicial”.