Nuevamente, el kirchnerismo puso el ojo en la Justicia. Esta vez con un proyecto de ley que pretende establecer la inhibición, recusación y excusación de jueces que, a priori, tuvieran una posición contraria a la perspectiva de género, será debatido este martes en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
La iniciativa fue presentada por la senadora kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti.
Los legisladores que integran la comisión presidida por el oficialista neuquino Oscar Parrilli fueron citados desde las 16.
La iniciativa modifica varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación, el Código Procesal Penal Federal y la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres.
El artículo 1 del proyecto establece que es causal de recusación para el magistrado que “manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.
Los fundamentos del proyecto señalan: “Los que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”, sostiene Fernández Sagasti.
“El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”, señala en sus fundamentos el proyecto de ley.
El oficialismo cuenta con el número necesario para darle dictamen al proyecto que ingresó al Senado hace poco menos de dos años.
Desde Juntos por el Cambio entienden que el kirchnerismo reflota esta medida “para presionar” a los jueces y que es “un nuevo avance contra la Justicia, de cara a los próximos fallos, tanto en la causa de Vialidad, en donde la Vicepresidenta volverá a declarar como en la discusión que tiene la Ciudad con el Estado Nacional por el recorte de la coparticipación que llevó adelante la Casa Rosada y que tiene que definir la Corte Suprema de Justicia.