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Después de la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno nacional presentó este viernes proyecto de Ley Penal Juvenil, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Esta reforma, promovida por la administración del presidente Javier Milei, busca endurecer las penas y medidas para los menores de edad que cometan delitos.

El proyecto, denominado “Régimen Penal Juvenil”, establece la pena de imputabilidad a partir de los 13 años, reduciendo así el límite anterior de 16 años.

Bullrich subrayó que esta medida responde a un reclamo social por la impunidad de los menores que delinquen. “A partir de ahora, el delito tendrá consecuencias acordes a la edad de quienes lo cometen”, afirmó la ministra, quien enfatizó la necesidad de respuestas frente a los crímenes cometidos por adolescentes.

Según el texto del proyecto, los adolescentes entre 13 y 18 años que infrinjan la ley podrán ser privados de libertad en establecimientos especiales. Además, se implementarán medidas complementarias para aquellos que reciban condenas condicionales, como programas educativos, tratamientos médicos y psicológicos, y la obligación de buscar empleo.

Las penas para estos casos, que oscilarán entre 3 y 6 años de prisión, podrán reemplazarse por otras sanciones como amonestaciones, prohibición de aproximarse a víctimas o monitoreo mediante dispositivos electrónicos.

En tanto, la iniciativa establecer que la pena máxima que podrán recibir será de 20 años.

Asimismo, se permitirá que magistrados investiguen a menores de 13 años no imputables, con posibilidad de ordenar su internación para evitar que reincidan en delitos.

El proyecto también introduce cambios en la Ley de Trata para considerar como una variación de ese delito la incitación a menores de edad para cometer ilícitos, responsabilizando tanto a los jóvenes como a los adultos que los contraten o coaccionen.

Bullrich explicó que cada provincia adaptará el nuevo régimen a sus propios códigos procesales y determinará los lugares de retención para los menores infractores. Esta medida busca cumplir con una demanda que desde hace tiempo viene surgiendo desde la sociedad argentina y que históricamente ha generado diversas opiniones a favor y en contra.

Fuente: con información de Clarín.