Después de la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno nacional presentó este viernes proyecto de Ley Penal Juvenil, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Esta reforma, promovida por la administración del presidente Javier Milei, busca endurecer las penas y medidas para los menores de edad que cometan delitos.
El proyecto, denominado “Régimen Penal Juvenil”, establece la pena de imputabilidad a partir de los 13 años, reduciendo así el límite anterior de 16 años.
Bullrich subrayó que esta medida responde a un reclamo social por la impunidad de los menores que delinquen. “A partir de ahora, el delito tendrá consecuencias acordes a la edad de quienes lo cometen”, afirmó la ministra, quien enfatizó la necesidad de respuestas frente a los crímenes cometidos por adolescentes.
Según el texto del proyecto, los adolescentes entre 13 y 18 años que infrinjan la ley podrán ser privados de libertad en establecimientos especiales. Además, se implementarán medidas complementarias para aquellos que reciban condenas condicionales, como programas educativos, tratamientos médicos y psicológicos, y la obligación de buscar empleo.
Las penas para estos casos, que oscilarán entre 3 y 6 años de prisión, podrán reemplazarse por otras sanciones como amonestaciones, prohibición de aproximarse a víctimas o monitoreo mediante dispositivos electrónicos.
En tanto, la iniciativa establecer que la pena máxima que podrán recibir será de 20 años.
Asimismo, se permitirá que magistrados investiguen a menores de 13 años no imputables, con posibilidad de ordenar su internación para evitar que reincidan en delitos.
Bajar la edad de imputabilidad: las voces a favor y en contra en Mendoza
El Gobierno nacional propondrá a través de un proyecto de ley bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, sin distinción según el delito cometido. La discusión no es nueva y en Mendoza ya hay especialistas que expresaron,…
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Trata para considerar como una variación de ese delito la incitación a menores de edad para cometer ilícitos, responsabilizando tanto a los jóvenes como a los adultos que los contraten o coaccionen.
Bullrich explicó que cada provincia adaptará el nuevo régimen a sus propios códigos procesales y determinará los lugares de retención para los menores infractores. Esta medida busca cumplir con una demanda que desde hace tiempo viene surgiendo desde la sociedad argentina y que históricamente ha generado diversas opiniones a favor y en contra.
Fuente: con información de Clarín.
