El Gobierno nacional ya tomó la decisión de suspender la aplicación de la Ley de Alquileres, sancionada en 2020, y que tuvo efectos contraproducentes en un contexto inflacionario ya que, sólo en abril, tendrá aumentos superiores al 90% en el pago anual del canon para los locatarios.
La cuestión fue analizada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa. Por el momento, no hay mayores detalles salvo la intención de dejar de lado la norma, por lo que se buscan alternativas, luego de los intentos que buscaron modificar la iniciativa.
La norma fue aprobada por el Congreso en junio de 2020 -con un recinto funcionando bajo cuarentena- e introdujo cambios en la regulación de los contratos de alquiler, entre ellos, la actualización de los montos, los plazos y las garantías.
Así, se pasó de una ley donde los contratos se extendían de dos a tres años y cuya actualización que, en algunos casos, era cada seis meses a una anual regida por la evolución de los salarios y de la inflación.
Uno de los efectos que produjo la ley fue la contracción de la oferta. Antes de su aplicación, por otra parte, los valores subieron y con la espiral inflacionaria las actualizaciones escalaron progresivamente hasta casi llegar a porcentajes de tres cifras. Desde su sanción, se calcula que la inflación en los alquileres ascendió al 245% en estos tres años.
En su momento, el proyecto fue rechazado por el sector inmobiliario. Llegados a este punto, desde las cámaras expresaron que la norma no termino beneficiando ni al propietario ni a los locatarios.