El constitucionalista Gregorio Badeni afirmó ayer que “llama la atención que el Poder Ejecutivo apele a una ley aduanera dictada por la última dictadura militar para avalar su posición inconstitucional” de imponer derechos de exportación y sus cantidades. En diálogo con DYN, el jurista recordó que “el código aduanero vigente fue sancionado por la última dictadura militar y faculta inconstitucionalmente al presidente de la República para establecer los montos de los derechos de aduana”.

    La aclaración del constitucionalista es una respuesta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en su alocución del martes intentó justificar su imposición de retenciones móviles, argumentando que “es una facultad que, de acuerdo al código aduanero, le corresponde al Poder Ejecutivo”.

    En cuanto al envío de un proyecto de ley sobre el tema al Parlamento, Badeni sostuvo que “es el camino constitucionalmente correcto”, pero advirtió que esa iniciativa del Poder Ejecutivo “no es vinculante” y tampoco “puede fijar límites o condiciones para la determinación que se adopte por ley”.

    “El Congreso se reúne para tratar un proyecto de ley que le remite el Ejecutivo y los legisladores se pueden apartar en todas sus partes de ese proyecto, pueden confirmar los derechos de aduana que se aplican ahora, pueden derogarlos o pueden modificar los montos imponibles”, agregó.

    En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional, “tanto en el artículo 9 como el artículo 75 inciso primero establecen que los derechos de Aduana sólo pueden ser establecidos por el Congreso, no sólo fijando el sujeto pasivo el hecho imponible, sino también el monto del tributo”.

    “Esa facultad del Poder Legislativo es absolutamente indelegable, lo prohíbe el artículo 75 de la Constitución y así lo ha ratificado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sólo de los impuestos, sino también sobre las tasas y las contribuciones especiales”. Badeni recordó que “esa facultad del Poder Legislativo ni siquiera es delegable mediante una ley de emergencia pública, como la que se sancionó en el 2002 y todavía sigue en vigencia”.

    Además, mencionó que “en numerosas oportunidades la Corte Suprema dijo en fallos que, tratándose de cualquier tributo, sólo el Congreso puede establecer su monto, el sujeto pasivo y el hecho imponible”. “Eso es así tanto para las tasas como para los impuestos, según la Corte, y un dictamen de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, compuestas por 30 juristas de todo el país dijo lo mismo”, sostuvo.

    Para Badeni, cuando la presidenta expresa que está facultada por el Código Aduanero “comete un gran error” y puntualizó que “llama la atención que el Poder Ejecutivo apele a una ley dictada por la última dictadura militar para avalar su posición inconstitucional” en el tema de las retenciones.

    Finalmente, Badeni confió que en los estudios jurídicos porteños y del interior del país “hay miles de recursos de productores rurales en preparación” para apelar a la Justicia y objetar la resolución 125 del Poder Ejecutivo, que el 12 de marzo impuso las retenciones móviles.