La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó que Eduardo Belliboni sea llevado a juicio por los presuntos delitos de administración fraudulenta, amenazas y extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El organismo liderado por Alejandro Melik presentó un extenso informe de 140 páginas en el que se enumeran las pruebas recolectadas contra el Polo Obrero.
De acuerdo con la Justicia, la investigación reveló que la organización habría hecho un uso irregular de los fondos estatales. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo del caso, pidieron que Belliboni enfrente un juicio oral acusado de encabezar una maniobra que habría defraudado al Estado nacional.
La causa investiga si la Asociación Civil Polo Obrero y la firma Resplandor Limitado desviaron parte de los 360 millones de pesos enviados por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa Potenciar Trabajo, hacia empresas que generaban facturas ficticias para ocultar el destino real del dinero: financiar la campaña del Partido Obrero.
Según Casanello, las pruebas apuntan a que esta organización habría utilizado los fondos estatales de manera irregular, además de extorsionar y amenazar a los beneficiarios del programa social.
En su informe, se detallan las rendiciones de cuentas realizadas ante la cartera de Desarrollo Social mediante facturación apócrifa proporcionada por un grupo de empresas inexistentes.
El dinero, que debía destinarse a la adquisición de herramientas y otros insumos laborales, habría terminado en actividades ajenas a su propósito original. Por ejemplo, una parte de los fondos fue a parar a una agencia de publicidad que realizó tareas para la campaña del Partido Obrero.
Entre las empresas involucradas se encuentra Coxtex, que facturó al Polo Obrero más de 5.144.418 pesos y que la AFIP calificó como apócrifa al no contar con sede social ni comercial.
Una situación similar se dio con la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos, que emitió facturas por un total de 31 millones de pesos, aunque gran parte de la documentación presentaba irregularidades.
En los allanamientos realizados en los domicilios de Puppo y Cantero se hallaron registros manuscritos que incluían tablas tituladas “rendición de cuentas”, “ingresos y egresos”, “cuadrilla”, “esencial”, “cuadrilla ciudad” y “Potenciar Trabajo”. Estos documentos contenían información sobre los aportes de las cápitas y las movilizaciones en las que participaron los beneficiarios.
Además, la Justicia detectó anomalías en la firma Miniso Trade, que facturó 3.060.003 pesos, también considerada una compañía fantasma. Otra empresa involucrada, Urban Graphics, facturó 5.180.019 pesos al Polo Obrero y luego endosó un cheque a Rumbos, lo que indica que el dinero retornaba a la imprenta vinculada al Partido Obrero.
La Oficina Anticorrupción aseguró que “se encuentra acreditado que Belliboni era quien impartía las directivas generales sobre las actividades coercitivas a las que debían someterse los beneficiarios del programa”.
Entre estas actividades se incluían la obligatoriedad de participar en movilizaciones. Además, otros referentes como Jeremías Cantero contribuían al registro del cumplimiento de estas exigencias y a la recaudación de las cápitas.