A través de un escrito presentado el lunes por sus abogados ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estimó como “probable” que la agrupación Revolución Federal haya sido parte del intentado de atentado en su contra en septiembre. 

La presunción forma parte de la presentación que hicieron los representantes de la ex mandataria en el Juzgado, para sumarse como querellante a la causa penal. El pedido fue aceptado por Martínez de Giorgi y este jueves ordenó la detención de cuatro integrantes de esta agrupación y distintos allanamientos. 

“Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, evaluó la vicepresidenta.

En los argumentos, se mencionó “una serie de eventos violentos” de los que participó Revolución Federal y recordaron las consignas que enarbolaban, entre ellas, “Bala a los kirchneristas”. 

También se refirió a los vínculos de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel con RF. “Es altamente probable, entonces, que estas dos personas, procesadas por atentar en mi contra, formaran parte o tuviesen vínculos directos con Revolución Federal. Como vimos, no solo participaron en marchas de la organización, sino que ésta compartió declaraciones de Sabag Montiel y de Uliarte”, puntualizó.

Cristina volvió a remarcar en que la Justicia debe profundizar la línea de investigación sobre el financiamiento de RF, ya que supuso que puede haber personas “pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte”.

“Esto nos lleva a la necesaria conclusión de que es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de asesinato en mi contra”, sostuvo.

Y de igual manera hizo hincapié en la financiación. “Es también alarmante la probable financiación de este grupo violento, que quería acabar con mi vida, por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte”, consideró. 

En este punto, hizo alusión a que el líder de RF, Jonathan Morel, cobró al menos 1.700.000 pesos de la firma Caputo Hermanos por supuestos trabajos de carpintería. Caputo Hermanos fue una de las empresas allanadas por orden de Martínez de Giorgi.