El presidente Javier Milei oficializó un nuevo endurecimiento de la política migratoria al firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que habilitó la expulsión de extranjeros que agravien a la Argentina, a sus ciudadanos o a sus símbolos patrios.
La medida también estableció que quienes incurran en esas conductas no podrán ingresar al país, al incorporar estas acciones como nuevas causales de inadmisión y expulsión dentro del régimen migratorio vigente.
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Según informó la Oficina del Presidente, la decisión busca responder a una presunta “campaña antiargentina” que, de acuerdo con el Gobierno, se profundizó tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial y trascendió el ámbito deportivo para instalarse en el plano político e internacional.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo el presidente Javier Milei en el comunicado difundido por la Casa Rosada.
Qué establece el DNU 681/2026
El decreto incorporó como causal de prohibición de ingreso y expulsión a los extranjeros que:
- Promuevan o difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o cualquier ciudadano por motivos de nacionalidad.
- Inciten públicamente ese tipo de conductas.
- Ultrajen los símbolos patrios nacionales.
- Participen o incentiven actos de agravio contra la bandera, el escudo, el himno u otros emblemas oficiales.
De esta manera, cualquier extranjero alcanzado por esas conductas podrá ser rechazado en frontera si pretende ingresar al país o, en caso de residir en Argentina, perder su residencia y ser intimado a abandonar el territorio nacional o ser expulsado.
El Gobierno justificó el endurecimiento
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la Argentina mantiene una tradición histórica de apertura hacia los extranjeros, aunque remarcó que la soberanía del Estado permite establecer condiciones para admitir, mantener o expulsar residentes cuando estén comprometidos el orden público, la seguridad interior o la convivencia social.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que el objetivo es preservar la integridad social, el respeto hacia la Nación y el orden institucional, frente a manifestaciones consideradas hostiles contra el país y sus habitantes.
El Ejecutivo afirmó además que la defensa de la República, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio “innegociable” de la actual administración.
Cómo será el procedimiento
El artículo 1 del decreto especifica que podrán ser alcanzados quienes hayan dirigido mensajes de odio, tanto de manera oral como escrita, o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad.
Asimismo, la norma contempló a quienes hayan participado en actos de ultraje contra los símbolos patrios o promovido este tipo de acciones.
Por su parte, el artículo 3 establece que la cancelación de la residencia implicará la obligación de abandonar el país dentro del plazo que determinen las autoridades migratorias o, en su defecto, la expulsión del territorio nacional, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
El DNU deberá ser analizado por el Congreso
Como ocurre con todos los decretos de necesidad y urgencia, el DNU 681/2026 deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Ese cuerpo legislativo contará con 10 días hábiles para emitir un dictamen sobre su validez o invalidez antes de elevarlo a ambas cámaras para su tratamiento.