La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional propone la eliminación de la Ley de Teletrabajo, que regula el home office. En el título XXVI del documento deroga la norma 27.555 y sus modificaciones que regulaban el trabajo a distancia.
El proyecto propone que este tipo de labores se realicen bajo la Ley de Contrato de Trabajo que surgirá justamente de esta reforma y mediante acuerdo entre partes de las condiciones.
Así, se eliminan las regulaciones específicas sobre: derecho a la desconexión, reversibilidad (volver al trabajo presencial) y provisión de equipos y compensación de gastos.
La Ley 27.555, que la administración libertaria busca derogar, define al teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios en la que el trabajador ejecuta su labor parcial o totalmente fuera del establecimiento del empleador utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Esta forma de trabajo no cambia en sí la relación laboral, que sigue regida por la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos aplicables.
El teletrabajo es voluntario: debe acordarse entre empleador y trabajador. Además, el trabajador puede revertir la modalidad y volver a la presencialidad, salvo que exista una razón justificada para mantener el esquema remoto.
A su vez, los teletrabajadores tienen garantizado el derecho a desconectarse fuera de sus horarios habituales de trabajo, sin obligación de responder mensajes, correos o comunicaciones laborales fuera de ese marco.
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En tanto que los empleadores deben suministrar o costear los medios, equipos y herramientas necesarias para que el teletrabajo se pueda realizar adecuadamente, así como reembolsar los gastos vinculados directamente al cumplimiento de la tarea. Esto puede incluir equipamiento tecnológico o conectividad, según lo acordado.
Si corresponde por la naturaleza del trabajo o si lo establece el convenio colectivo, debe llevarse registro de la jornada laboral, aun en teletrabajo, para garantizar el cumplimiento de horarios y evitar sobrecarga.
Esta ley surgió en 2020 como consecuencia de la pandemia que obligó a un gran número de empresas a implementar esta modalidad para poder continuar con su actividad.
La iniciativa, que quita una serie de beneficios, contrasta con los dichos del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien había asegurado que la reforma “no quitaría derechos”.