Si bien algunos sectores anunciaron que se movilizarán el próximo martes, día en el que la Justicia emitirá el veredicto en la llamada “causa Vialidad”, La Cámpora no ha convocado que marcharán. El kirchnerismo cree que la decisión de condenar  a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya está tomada.

Se trata de la sentencia en el juicio oral a la ex presidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde pesan reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

Si el fallo resulta en contra de la vicepresidenta, como creen desde su entorno, diversos dirigentes saldrán a repudiarlo, pero no habrá movilizaciones masivas convocadas por La Cámpora antes de la lectura del veredicto. Parece que la bajada de línea es que no haya manifestaciones en las calles que genere algún tipo de desborde.

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Lo que sí hay son convocatorias realizadas por las redes sociales y pedidos contundentes como el de Luis D’Elia para que la militancia salga a la calle.

Además de la agrupación Miles, marchará será ATE Capital. Este gremio, conducido por Daniel “Tano” Catalano, ya anticipó:  “Si la condenan a Cristina, vamos a parar el Estado”.

Hasta ahora, ni el sindicato de Camioneros, que conduce Pablo Moyano, ni la Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, dos de los gremios más grandes vinculados al kirchnerismo, marcharán el martes.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso prevén dar a conocer la sentencia bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.

Ellos estarán junto al secretario del TOF2 Tomás Cisneros en una de las salas de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 y se conectarán a la plataforma Zoom al igual que el resto de las partes que participan del juicio de manera remota.

La Fiscalía pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la dos veces presidenta de la Nación, al acusarla por asociación ilícita y administración fraudulenta.

Fuente: Con información de Infobae y Perfil.