Una gran polémica empezó a abrirse paso hoy en Colombia a raíz del anuncio de que el gobierno negocia con Estados Unidos un acuerdo que le permitirá a este país utilizar tres bases militares para aumentar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El gobierno hizo énfasis en que el acuerdo no significa la instalación de bases militares por parte de Estados Unidos ni la posibilidad de que Colombia sea usada como plataforma por Washington para ejecutar eventuales ataques en la región.
Sin embargo, dirigentes de la oposición rechazaron el acuerdo y lo calificaron como una violación de la soberanía, al tiempo que criticaron al gobierno por no contar con el visto bueno del Congreso.
El precandidato presidencial del opositor Partido Liberal Rafael Pardo se refirió al acuerdo como un “inmenso error diplomático”, tras afirmar que una cosa es la cooperación para la lucha contra el narcotráfico, a la que calificó de “necesaria y justa”, y otra es “alquilar el territorio para que vigile a los países”.
“Es como prestarle el balcón del apartamento a un señor de afuera de la cuadra para que vigile a los vecinos”, dijo Pardo, que fue ministro de Defensa en el gobierno de César Gaviria (1990-1994).
Una de sus rivales dentro del Partido Liberal por la postulación presidencial, la senadora Cecilia López, rechazó el acuerdo y lamentó que el gobierno “haya pasado por encima del Congreso”, que, en su opinión, debe debatir el asunto.
A su turno, el senador Jorge Robledo, del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo, dijo que el acuerdo “viola de manera flagrante la soberanía y la autodeterminación nacional, convierte a los colombianos en peones en la estrategia militar de la Casa Blanca por el control del mundo, constituye una acción hostil con los países vecinos y es contrario a la Constitución”.
Robledo afirmó que la Constitución permite un tránsito de tropas extranjeras por Colombia, previa autorización del Congreso, pero no autoriza que militares de otros países se establezcan en el país.
La precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de Defensa del gobierno del presidente Álvaro Uribe pero algunas veces asume posturas independientes, dijo que le parece “importante” ampliar la colaboración entre los dos países.
Sin embargo, comentó que el acuerdo debe incluir reglas para que los estadounidenses compartan con las autoridades colombianas las informaciones de inteligencia que obtengan, pues recordó que durante su gestión como ministra de Defensa los militares de ese país limitaban la cantidad de datos a transmitir.
En defensa del acuerdo se pronunciaron los precandidatos presidenciales del oficialismo Fernando Araújo, Carlos Holguín y Andrés Felipe Arias, quienes fueron ministros de la administración Uribe.
El comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla, reveló este miércoles que el acuerdo, que sería firmado en un par de semanas, autoriza a Estados Unidos para que use bases ubicadas en los departamentos de Atlántico (norte), Cundinamarca y Meta (centro).
Padilla afirmó que el acuerdo señala que el personal estadounidense no superará la cantidad autorizada por el último acuerdo vigente (800 militares y 600 contratistas civiles). Según el diario “El Tiempo”, actualmente se encuentran en Colombia 84 militares y 243 contratistas.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, dijo que el acuerdo no representa en la práctica ninguna novedad, pues la cooperación entre los dos países es de vieja data.
“Colombia viene recibiendo asesoría técnica de Estados Unidos de mucho tiempo atrás. Ahora se va a ampliar esa cooperación y consiste en que algunos elementos militares norteamericanos presten una asesoría técnica a policías y militares que luchan contra el terrorismo”, dijo
