El estancamiento en las tareas de mediación del presidente costarricense, Oscar Arias, para resolver la crisis de Honduras está provocando una creciente inquietud en una comunidad internacional que apostó fuerte por una solución por la vía diplomática, pero que ve con desmayo la falta de avances en un conflicto para el que por el momento no tiene un plan B.

Tras dos días de intensas negociaciones, Arias admitió en la noche del viernes que no fue posible llegar a un acuerdo y que será necesaria una “segunda ronda” de conversaciones, en una fecha aún por confirmar.

Un buen problema para una comunidad internacional que puso toda la carne en el asador al condenar unánimemente el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos (OEA), que suspendió a Honduras del organismo hemisférico hasta que retorne el orden constitucional.

La apuesta por la diplomacia en vez de la fuerza resultó una prueba especialmente crucial para Estados Unidos, país con un reconocido oscuro pasado en esta materia en la región latinoamericana y que sin embargo, y pese a fuertes críticas domésticas del ala más conservadora, abogó claramente por el multilateralismo y el diálogo en esta ocasión.

Mas la presión internacional y, sobre todo, las medidas de aislamiento político y económico a Honduras no han logrado por el momento el esperado efecto inmediato de una marcha atrás del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que si bien siente cómo se aprieta el cinturón aún no ha cedido un milímetro.

Por ello, un profundo suspiro de alivio se había sentido en buena parte del hemisferio cuando se supo, a comienzos de semana, que el experto presidente costarricense, premio Nobel de la Paz precisamente por sus labores mediadoras en conflictos centroamericanos, se encargaría personalmente de buscar una solución dialogada a la crisis hondureña.

Pero tras dos días de intensas conversaciones con los bandos enfrentados en Costa Rica, el problema principal sigue siendo el mismo desde que estallara la crisis el 28 de junio: las posiciones encontradas sobre la legalidad o ilegalidad de la expulsión de Zelaya del país y la condicion sine qua non para la comunidad internacional de la reposición del “presidente constitucional” como punto de partida negociador.

El gobierno de facto de Micheletti, quien acudió en persona al primer día de negociaciones en San José, el jueves, pero que no llegó a un cara a cara con Zelaya, sigue negando que lo sucedido fuera un golpe de Estado y se escuda en la legislación hondureña para justificar los pasos dados.

Salvo el de la expulsión de Zelaya a punta de fusil de la casa presidencial en plena madrugada y su puesta en un avión que lo dejó plantado en la pista del aeropuerto de San José de Costa Rica aún enfundado en su pijama.

“Visto en retrospectiva, probablemente podríamos haberlo hecho de forma distinta”, admitió el ex embajador hondureño en Estados Unidos Norman García Paz esta semana en Washington, cuando participó en una comisión supuestamente independiente que trató de explicar el punto de vista del gobierno de facto ante las instituciones norteamericanas.

Analistas consideran que fue precisamente ese “efecto pijama” el que provocó la tan rotunda y unánime condena internacional de los hechos pese a que Zelaya está más que cuestionado por sus controvertidas decisiones políticas previas al golpe.

Pero, como subrayó en varias ocasiones el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no se puede permitir una concesión en este punto que supondría un “precedente” en una región con un oscuro pasado golpista. Arias había dicho desde el primer momento que las negociaciones podrían durar o dos días o dos meses, mas para expertos cada hora que pasa complica la situación no ya sólo en Honduras, sino de la comunidad internacional.

De hecho, el propio Insulza había admitido esta semana que la prolongación del conflicto traería “problemas”. De un lado, porque eso podría “dar alas”, dijo, a los que consideran la vía golpista como una manera de cambiar gobiernos, algo que, según ha demostrado Honduras, no es cosa del pasado como creían muchos.

Por otro, porque el tiempo corre y a muchos países -como Estados Unidos- les urge una salida que les evite tener que tomar medidas más drásticas, como el congelamiento total de sus ayudas humanitarias a Honduras. Y, sobre todo, porque la comunidad internacional por ahora no parece tener un plan alternativo para resolver un conflicto en el que se juega su prestigio.