La ONU es el escenario donde la comunidad de países ha librado, a lo largo del tiempo, batallas mayores en tiempos de la guerra fría, se han establecido denuncias a las violaciones a los derechos humanos –como la más reciente hecha por Michelle Bachelet sobre Venezuela– o se han hecho llamamientos a la paz, aunque sin resultados, como sucede con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es un ámbito donde las potencias pesan, y mucho, sus intereses. También es la meta más ambiciosa del diálogo entre diferentes culturas en un mundo multipolar. Ahora bien, que un funcionario del Gobierno argentino haya planteado en esa instancia superadora la situación de supuesta proscripción de la ex presidenta Cristina Kirchner es, cuanto menos, una brazada desesperada de quien se hunde. Todo lo que pueda decir en su defensa la propia vicepresidenta lo podrá hacer sujeta a derecho, tal como ha sucedido hasta ahora.

Cristina no está proscrita ni su más reciente condena está firme. La internacionalización de esta estrategia ni siquiera tuvo consenso con la Casa Rosada y sólo muestra que un sector del Gobierno va hacia un lado y el resto, en dirección opuesta. Este intento de victimización reduce incluso la labor que se tiene que realizar en materia de derechos humanos, una cuestión que todos los días encuentra escollos en más de un aspecto.